Los ladrones robaron la cocaína a los jueces

Una banda de ladrones consiguió el fin de semana pasado en Málaga un nuevo hito en la crónica de los asaltos a depósitos judiciales de droga. Se hicieron con más de 300 kilos de cocaína intervenida en diversas operaciones policiales sin que ninguna de las alarmas saltara. Dieron el golpe perfecto gracias a una mezcla de coraje, información privilegiada y suerte. La Guardia Civil, encargada de la seguridad del almacén, tardó 28 horas en darse cuenta de que habían robado a 432 metros de su puesto de vigilancia. La Subdelegación del Gobierno de Málaga, máxima responsable de las instalaciones, habla de "sabotaje total" a los sistemas de seguridad. Los sindicatos policiales creen que los ladrones aprovecharon los constantes fallos de las cámaras de seguridad para moverse como si estuvieran en su casa. En el mercado vuelve a haber cocaína valorada en unos diez millones de euros.

"Hace un año que no escuchamos la alarma sonora", dice un guardia civil

El robo comenzó a gestarse en el corazón del depósito judicial del puerto de Málaga. Los ladrones conocían detalles de seguridad solo al alcance de los vigilantes, la empresa que instaló las alarmas o los empleados del Área de Sanidad Exterior, encargados del análisis, pesaje y el almacenaje de la droga incautada en Andalucía. Sabían cómo desconectar las alarmas y el lugar exacto de las cajas fuertes de cocaína. Fueron directos al disco duro que almacenaba las grabaciones de las cámaras, oculto dentro de una cámara acorazada, y se lo llevaron para no dejar pistas.

Ese fin de semana hubo mucho tráfico portuario: llegó el Queen Elisabeth, y en el recinto circulaban muchas furgonetas con suministros. "Había mucha permisividad en el control de vehículos porque el 29 de noviembre van a inaugurar unos bares y quioscos y se estaban abasteciendo", explican fuentes portuarias.

La noche del 12 de noviembre, día del robo, la seguridad del recinto portuario dependía de cinco guardias civiles (lo habitual son siete). Desde el cuartel de la Parra, un edificio de dos plantas, no advirtieron ningún ruido, nada extraño. Sobre las 3.30, hubo un pequeño apagón en la pantalla que recibía las imágenes del depósito de droga. Duró unos segundos, después se restableció el suministro. Una pareja de agentes salió para echar un vistazo. Regresaron sin novedad. En las 12 pantallas de su monitor de seguridad no advirtieron nada sospechoso. El sistema wifi que les servía imágenes del depósito de droga estaba inutilizado.

Los ladrones metieron dentro una furgoneta Iveco Daily, robada. "Parece que iban a tiro hecho", explica un inspector jefe. Su objetivo, la cámara acorazada de 100 metros cuadrados, dotada con 12 detectores sísmicos en las paredes y otros 10 puntos volumétricos. La abrieron con una lanza térmica, una especie de soplete, que dio paso hacia otras cajas fuertes y a la droga. Desecharon los fardos de hachís. "Si vas a robar una joyería, no te llevas la plata, sino los diamantes", razona un guardia civil.

Una vez cargada, la furgoneta se camufló en el trasiego de vehículos y abandonó el puerto. Nadie echó en falta la droga hasta las 7.30 del lunes. Mientras, a los cacos les dio tiempo a quemar el coche, ocultar la mercancía y, tal vez, cruzar fronteras. Por el momento, no hay pistas.

El subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, dice que nadie le alertó de las deficiencias de seguridad. "Hace un año que no escuchamos la alarma sonora. No sabemos si está conectada o no, porque a su alrededor hay unos cables cortados... Hace tres meses vino un electricista para ordenar un montón de cables sueltos", cuenta un guardia. Otros compañeros coinciden en que el sistema de cámaras fallaba, sobre todo los fines de semana.

El subdelegado del Gobierno culpa del robo a los jueces por supuestamente permitir que se acumule tanta droga en estas dependencias, sin ser destruida.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, asegura que, como norma general, se destruye la droga y solo se conservan unas muestras. Los investigadores aseguran que la droga robada ya había sido analizada, por lo que esos informes servirán de prueba en los juicios. Pero ya hay abogados que pedirán contraanálisis para intentar así anular las acusaciones contra sus clientes.