Una discusión que terminó a tiros

Ángel Ortega Somolinos, de 76 años, se sentará desde mañana en el banquillo de los acusados de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Lo hará un año y casi tres meses después de que tuviera una discusión de tráfico y matara, supuestamente, a María Luisa Santana Martínez, de 54 años, de dos disparos en el pecho. También lo intentó con el marido de la víctima, Abdou Laib, pero este logró huir. Ahora el fiscal pide para él una condena de 37 años por cinco delitos de homicidio (uno consumado y cuatro en tentativa) y otro de tenencia ilícita de armas, además de indemnizaciones por un montante de 200.000 euros.

Los hechos se remontan a una soleada tarde del 20 de agosto de 2010, cuando Ángel Ortega circulaba en su Ford Focus por la calle de Arriaga, en el distrito de Ciudad Lineal. Al llegar al cruce con la calle de Francisco Villaespesa se detuvo "sin causa aparente que lo justificara", según el escrito del fiscal. El conductor del vehículo que le seguía (un Renault Megane), Abdou Laib, le tocó el claxon varias veces. Ambos giraron en ese momento a la izquierda y se inició una discusión entre ambos.

El acusado dijo sentirse "muy trastornado" y no recordar nada

Laib y su esposa María Luisa Santana se bajaron del coche e intercambiaron insultos con Ortega. Cuando parecía que todo había concluido, el acusado le profirió un nuevo insulto a la mujer, a lo que esta respondió golpeando la ventanilla del Ford Focus de su oponente. También intentó abrir la puerta del vehículo. "En ese momento el procesado salió del mismo portando una pistola y, apuntando a María Luisa con intención de causarle la muerte, disparó el arma contra su pecho, cayendo esta de forma fulminante al suelo", recoge el fiscal en su escrito de acusación.

Ortega se percató en ese momento de que el marido de la víctima venía a auxiliarla. Le apuntó y efectuó dos disparos que no llegaron a alcanzarle porque salió corriendo. Intentó pegar un tercer tiro, pero no pudo porque se le encasquilló el arma. Al poco y tras manipularla, consiguió que estuviera operativa de nuevo. "Al ser recriminado por varios testigos, exigiéndole que dejara de disparar, se giró y dirigiendo el cañón de su arma a uno de ellos, Alexandru Radulescu, efectuó dos disparos", afirma el ministerio público. Ambos tiros impactaron en una columna y en la entrada de la puerta del garaje donde se ocultó Radulescu.

Ángel Ortega se dirigió entonces hacia otro testigo, Manuel Gutiérrez Gómez, al que disparó cuatro veces: "Manuel los pudo esquivar al tirarse al suelo y refugiarse en unos setos cercanos". Finalmente, apuntó a Luis Abel Gantoff y le pegó un tiro que no le alcanzó porque logró refugiarse en el portal de su domicilio. "Inmediatamente después, el procesado se dirigió de nuevo al lugar donde yacía María Luisa y, poniéndole el cañón del arma en el cuello, efectuó un nuevo disparo", describe el fiscal en sus conclusiones preliminares.

El hombre se montó en su coche y se marchó. Un conductor le siguió y fue informando a la sala del 091 de por dónde huía. Esto permitió que los agentes de un coche patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana le detuvieran en la Ronda de Toledo. Consigo llevaba aún la pistola semiautomática marca Star modelo DKI del calibre 7,65, que supuestamente se había traído de Suráfrica donde trabajó como mecánico ajustador. Los agentes también le intervinieron dos cargadores en cuyos interiores había nueve cartuchos. Cuando los agentes le preguntaron por lo que había pasado, aseguró que se encontraba "muy trastornado" y que no recordaba nada de lo que había ocurrido. Se negó a declarar ante los investigadores de Homicidios.

Según las pruebas forenses, el procesado presenta una personalidad con rasgos esquizoides, pero estos no le afectan ni a su capacidad volitiva ni intelectual. El ministerio público pide 12 años de prisión por el homicidio de María Luisa Santana y seis por los disparos que efectuó contra los cuatro testigos (24 años, en total). A ello hay que sumar otra solicitud de 15 meses de prisión por la tenencia ilícita de armas. El ministerio público ha fijado una responsabilidad civil de 100.000 euros para el marido de la víctima y de la misma cantidad para el hijo de la fallecida.