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La Audiencia tampoco ve pruebas de que El Cuco violara y matara a Marta

El tribunal confirma la condena al menor como encubridor de Carcaño

Reyes Rincón

El juicio paralelo que tanto se temía en torno al crimen de Marta del Castillo no se produce solo en los medios de comunicación. Hay uno mucho más concreto que salió ayer de la Audiencia Provincial de Sevilla, el mismo órgano en el que desde el pasado lunes se juzga a Miguel Carcaño, Javier Delgado, Samuel Benítez y María García, los cuatro imputados adultos en el crimen de Marta. La sección tercera de la Audiencia cree que no hay pruebas que demuestren los hechos que se están juzgando en la sección séptima: la violación y asesinato de la joven presuntamente cometidos por Carcaño y Javier García, El Cuco, el 24 de enero de 2009.

La Audiencia confirmó ayer la sentencia dictada en marzo por un Juzgado de Menores y ha absuelto definitivamente a El Cuco de los delitos de agresión sexual y asesinato, pero le condena a dos años y 11 meses de internamiento como encubridor del crimen cometido por Carcaño. El tribunal cree que el menor le ayudó, con la colaboración de Samuel Benítez, a ocultar el cuerpo de la joven, que tenía 17 años cuando se cometieron los hechos.

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El tribunal formado por Ángel Márquez Romero, José Manuel Holgado Merino y Luis Gonzaga De Oro-Pulido Sanz ha impuesto también al joven y a sus padres una indemnización de 414.910 euros a las Administraciones que participaron en las tareas de búsqueda del cuerpo de Marta en el río Guadalquivir y en un vertedero de basuras. La principal indemnizada será la Administración General del Estado: 98.336 euros por los gastos de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla; 38.085,84 euros por los del Puerto de Sevilla; y las sumas de 110.175,00 euros, 1.621,22 euros, 20.762 euros, 5.739,64 euros, 3.500 euros y 9.920 euros por la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La cifra correspondiente al Estado se completa con los gastos realizados por la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, que están pendientes de justificar pero no serán superiores a 85.115,98 euros. Además, al Ayuntamiento de Sevilla deberán abonarle 41.655,11 euros.

Los hechos que la Audiencia da por probados divergen mucho de los que se están juzgando en la jurisdicción de adultos, donde a Carcaño se le acusa de violar y asesinar a Marta en compañía de El Cuco, que cuando se cometió el crimen tenía 15 años pero ya ha cumplido 18.

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Pero ni el juez de Menores, ni ahora la Audiencia, creen que existan pruebas suficientes de esos delitos. "No ha quedado debidamente acreditado que el menor acusado penetrara vaginalmente a Marta ni que ayudara a otra persona mayor de edad a que ésta penetrara vaginalmente a Marta e igualmente tampoco ha quedado debidamente acreditado o probado que el menor acusado participara en la muerte de Marta", señala el tribunal.

La acusación contra el menor, como contra Carcaño, se basó en un relato hecho por el principal acusado ante el juez de Instrucción el 17 de marzo de 2009. Pero la Audiencia considera que el testimonio no es una "prueba documental". Además, los jueces recuerdan que, solo en la jurisdicción de adultos, Carcaño ha dado hasta nueve versiones distintas, y que no hay razón para darle a esta más credibilidad que a otras. Al revés, el tribunal ve indicios de que en aquella declaración existen, por parte del principal acusado, móviles espurios de "venganza o resentimiento" hacia El Cuco porque él había implicado días antes en los hechos a su hermano, Javier Delgado, al que Carcaño quería dejar al margen de las sospechas.

"¿Qué datos fácticos encontramos en las actuaciones que adveren (garanticen) como cierta la versión del día 17 y no otra? ¿Se puede descartar otra declaración de Miguel en la vista oral?", se pregunta el tribunal.

La familia de la víctima, que hoy ofrecerá una rueda de prensa, ya adelantó ayer que se siente "decepcionada" por el fallo conocido ayer, según declaró a Efe el abuelo de la joven, José Antonio Casanueva.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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