Una víctima de malos tratos espera casa desde 2009
Las dificultades económicas del Gobierno valenciano no son solo de liquidez, también afectan a la prestación de servicios materiales. Es el caso de una mujer con tres hijosque fue víctima de malos tratos, declarados por sentencia judicial, y solicitó una vivienda de protección pública el 22 de septiembre de 2009, hace ya dos años. Hasta hoy.
Tras presentar una queja al Síndic de Greuges, sus problemas no solo no se han resuelto, sino que, además, se enfrenta a una contestación del Consell que la deja en muy mal lugar. Un informe de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la responsable de facilitar la vivienda, fechado el 5 de agosto, asegura que la maltratada solicitó la vivienda el 13 de junio de este año y no en 2009. Su contestación deja claro que "se encuentra incluida en el registro de demandantes de vivienda protegida durante dos años, transcurridos los cuales, de no haber sido requerida para aportar documentación y en caso de estar interesada en permanecer en dicho registro, deberá volver a solicitar su inclusión en el mismo".
Renovación
Pero la afectada se ratifica en que el 13 de junio es cuando solicitó la renovación tras haber transcurrido casi los dos años de plazo sin conseguir la prestación. La reclamante explica al Síndic: "(...)vivimos en total en casa de mi madre, que es una casa pequeñita, seis personas habitualmente: mi madre, su pareja, mis tres hijos de 9, 6 y 7 años y yo misma (...)".
En aplicación de la norma estatutaria y constitucional que obliga a los poderes públicos a garantizar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, en especial a los jóvenes, personas sin medios o afectadas por discapacidad y mujeres maltratadas, el Síndic recomienda a la Consejería de Infraestructuras que, "en la medida de las disponibilidades reales que existan actualmente, se adjudique a la autora de la queja una vivienda de protección pública si cumple los requisitos para ello".
El Síndic también recomienda al Consell que adjudique una vivienda a una familia que ocupó un piso en Alicante. Lo hicieron porque "hay muchas casas vacías en la zona de San Blas, Garbinet, Carolina y centro de Alicante". "No estoy orgulloso de lo que he hecho, estoy dispuesto a abandonar la vivienda, pero no puedo quedarme en la calle", lamenta el ocupante.
