Italia desvela la carta del BCE que en España se oculta

El Banco Central Europeo cobra por sus ayudas un alto interés... político. No hay más que repasar el contenido íntegro de la carta secreta que el organismo presidido por Jean-Claude Trichet envió al Ejecutivo de Silvio Berlusconi el pasado mes de agosto, tres días antes de reactivar su compra de bonos para ayudar a Italia y España. La misiva es un manual de instrucciones muy concreto sobre las "medidas urgentes" que Roma tenía que adoptar para reforzar su compromiso con la sostenibilidad fiscal. O lo que es lo mismo, para hacerse merecedora del balón de oxígeno. Entre las exigencias destaca la de reformar la Constitución para introducir una norma automática contra el déficit similar a la que aprobó el Parlamento español. De hecho, el BCE admitió que por las mismas fechas envió una carta similar al Gobierno español, de la que el Ejecutivo de Zapatero no ha querido hablar.

Trichet y Draghi hacen un manual de instrucciones para Berlusconi

Italia coloca deuda a los tipos más altos de la entrada en el euro

La carta, cuyo contenido íntegro desveló Il Corriere Della Sera, empieza advirtiendo al Gobierno italiano que "la toma de medidas urgentes por parte de las autoridades italianas es esencial para restaurar la confianza de los inversores". El Consejo de Gobierno considera que Italia "necesita urgentemente reforzar el estado de su garantía soberana y su compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales". Los principales retos son "aumentar la competencia, especialmente en los servicios para mejorar la calidad de los servicios públicos y el diseño de los sistemas regulatorios y fiscales más adecuados para apoyar la competitividad de las empresas y la eficiencia del mercado de trabajo". La carta, firmada además por Mario Draghi, el sucesor de Trichet al frente del BCE y hasta ahora gobernador del Banco de Italia, exige "la plena liberalización de los servicios públicos locales y de los servicios profesionales" e incluso se refiere a "privatizaciones a gran escala". Tras estas peticiones, Roma puso en marcha un segundo plan de recortes, valorado en 54.000 millones de euros, tras un primer ajuste que no convenció a casi nadie. Este plan incluía (corregido en diferentes ocasiones) subidas de impuestos a las rentas más altas (luego mitigadas) y recortes para entes territoriales y ha aprobado la reforma constitucional que pone límite al déficit. Además, tiene listo un borrador para actualizar el mercado laboral que está presentando a los agentes sociales.

En la carta, Trichet y Draghi también pedían "medidas inmediatas y enérgicas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas". "El objetivo", señalaban, "debe ser alcanzar un déficit fiscal mejor que lo previsto en 2011", principalmente a través de recortes de gastos. "Es posible intervenir más en el sistema de pensiones y reducir significativamente el coste de los empleados públicos, si es necesario, mediante la reducción de los salarios". La carta provocó un hondo malestar en la clase política italiana, por cuanto consideró que su contenido invadía la soberanía del país. El BCE exigía, como presumiblemente también hizo con el Gobierno español, "una cláusula automática de reducción del déficit" y que los préstamos, "incluida la deuda comercial y los gastos de los Gobiernos regionales y locales, deben ser sometidos a un estricto control".

Además, exige "una gran reforma de la Administración pública con el fin de mejorar la eficiencia administrativa y la facilidad para hacer negocios. Confiamos en que el Gobierno tomará todas las medidas apropiadas", dice la carta.

Pese a las compras de deuda italiana por parte del BCE, la presión de los mercados sigue. Italia se ha visto obligada ayer a abonar el precio más alto desde la incorporación al euro para colocar deuda. Además, en otro signo de las dudas de los inversores sobre los planes de consolidación fiscal del país transalpino, el Tesoro italiano se ha quedado lejos del objetivo máximo de la subasta pese al atractivo que proporcionaba la alta rentabilidad. Italia afronta un último tramo del año con vencimientos de hasta 90.000 millones.