Los Ayuntamientos tienen aún 10 millones para ayudas sociales tras el endurecimiento legal
Tras un 2010 turbulento con Eudel y los Ayuntamientos a causa de las Ayudas de Emergencia Social (AES) y la insuficiente financiación que los consistorios recibían del Gobierno para pagarlas, Asuntos Sociales parece haber logrado la calma en este terreno a costa de dificultar el acceso a ellas. La consejería difundió ayer un comunicado, tras una reunión "técnica" con Eudel, que hoy celebra la asamblea general en que renovará su ejecutiva, en el que precisó que los Ayuntamientos han gastado en el primer semestre del año siete millones de euros, el 41% de la partida presupuestaria destinada el Ejecutivo a las AES este año, que asciende a 17,3 millones. En agosto de 2010, las protestas de los consistorios llevaron a la consejería a elevar ese mismo presupuesto inicial en 6,7 millones.
El Ejecutivo tuvo que ampliar en 2010 la partida a mediados de año
El endurecimiento de las condiciones de acceso a las ayudas impulsado por el Gobierno a comienzos de año ha derivado en que en este ejercicio no sea, por ahora, preciso dotar una nueva partida. El Ejecutivo elevó el patrimonio máximo para poder solicitar las ayudas de 8.000 a 40.000 euros. Fue la avanzadilla de un endurecimiento de mayor calado, el que acaban de pactar PSE y PP para el acceso a todas las subvenciones sociales.
Portavoces de Eudel calcularon en el Parlamento que aquel cambio en las AES cerraría la puerta a estas ayudas puntuales para casos de emergencia al 35% de las personas que las pudieron pedir en 2010. El departamento no precisó ayer el número de personas que han recibido ya la ayuda. Sus portavoces explicaron que, si la tendencia se mantiene en el segundo semestre, no será necesario ampliar la partida. Tampoco explicaron si la orden de 2012, que la consejería ya ha empezado a elaborar con Eudel, fija más restricciones.
Las AES son la tercera pata del sistema de protección social. Al contrario que la RGI y el complemento de vivienda, no suponen un derecho subjetivo y, por tanto, cuando se termina su cuantía, el Gobierno no está obligado a ampliarla. Es entonces cuando los Ayuntamientos deben optar por usar sus propios recursos o dejar de concedelrlas Representantes de varios consistorios señalaron ayer a EL PAÍS que ya han agotado su cuantía anual.
La consejera, Gemma Zabaleta, justificó la pasada semana el endurecimiento del acceso a todas las ayudas, esta vez por ley, en que "urge" el cambio para garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social. Ayer, reconoció en una entrevista en ETB que con el endurecimiento "seguramente" se ahorrará -la semana pasada dijo que no habría ahorro- y asumió que con las nuevas medidas "riesgo de pobreza existe, pero también ahora".
Zabaleta visitó ayer las dependencias de BetiOn, el canal desde que el Gobierno atiende el servicio de teleasistencia desde el 1 de julio. El servicio atiende a 23.700 personas.
