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Reportaje:

Bruselas revoluciona la PAC

La UE propone redistribuir los fondos y eliminar el sistema de derechos históricos

En 2003, la Unión Europea aprobó una profunda reforma de los mecanismos para pagar las ayudas al sector agrario sobre la base de los rendimientos o niveles de producción existentes entre los años 2000 y 2002. Esta reforma, que comenzó a aplicarse en 2005, consolidó unos niveles de pagos con grandes diferencias por hectárea para un mismo cultivo, en lo que se han denominado pagos por derechos históricos. En el caso de España, algunos de los cultivos más beneficiados por sus niveles de rendimientos fueron las producciones en regadío o el olivar andaluz.

Este sistema para determinar el volumen de los pagos directos en el marco comunitario saltará por los aires a partir de 2014, según las propuestas oficiosas de reglamentos para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) elaboradas por la Comisión Europea de acuerdo con los planteamientos hechos en los últimos meses desde el Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas con dos ejes de cambio: acabar con los derechos históricos como baremos para el pago de ayudas y proceder a una redistribución de las mismas entre países y en cada Estado miembro.

España recibirá un 'sobre' de 5.000 millones anuales, el 11,6% del total

Recibirán ayudas quienes obtengan del campo un 5% de sus ingresos

El proceso de cambios profundos va a suponer una refundación de la PAC a efectos de pagos directos. La reforma no se pretende aplicar de golpe, sino progresivamente entre 2014 y 2020. Entre otros, estos serían los aspectos más importantes de esta propuesta de reforma:

Recursos. Las perspectivas financieras de la UE para el periodo 2014-2020 contemplan el destino de 435.600 millones para la PAC, frente a los 432.000 millones del periodo 2007 a 2013.

De esa cifra, 317.200 millones serán para pagos directos y apoyo a los mercados, y 101.100 millones, para desarrollo rural. Estas partidas se complementan con otros 17.100 millones en diferentes fondos de apoyo, entre los que destacan 5.100 millones para investigación e innovación, 3.900 millones para utilizar en casos de crisis agrícolas y 2.800 millones para apoyos si hubiera problemas por la firma de acuerdos con terceros países como Mercosur, que abrirían más las fronteras con el consiguiente riesgo de caída de precios. Este montante de fondos ha sido criticado por el sector, al suponer un recorte del 12% considerando la inflación prevista. En medios de la Administración se daría extraoficialmente como bueno a la vista de las circunstancias que concurren en el seno comunitario, donde solo han aumentado los fondos en empleo o innovación.

Cambio de sistema. Bruselas quiere acabar con el sistema de derechos históricos y partir de cero, sustituyéndolo por otro que asigne derechos por superficie elegible en las explotaciones con tierra y, en el caso de la ganadería, con derechos especiales y sin superficie, dando la opción a cada país para hacer pagos acoplados. España tiene una superficie elegible de unos 24 millones de hectáreas.

Sobre nacional. La Comisión asignará a cada país un sobre para pagos directos. En el caso de España, ese fondo será de 4.935 millones de euros en 2014, para llegar a 4.989 millones en 2017, sin contar otros 330 millones de pagos al algodón y por el Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias (Poseican). Los pagos medios directos en los últimos años se sitúan en unos 5.526 millones.

A partir de ese sobre, la Administración asignará un pago base por explotación, no en función ya de los derechos históricos, sino a futuro, con los nuevos criterios. A partir de esa cifra básica, los pagos a cada explotación se incrementarían según la situación o circunstancias de cada una.

La propuesta de reglamento contempla la obligación de cada Estado de destinar el 30% de ese sobre a las explotaciones que desarrollen una "política verde". Para tener derecho a ese dinero, una explotación deberá diversificar sus cultivos, de manera que el principal no supere el 70% de la superficie y que otros dos supongan al menos el 5% cada uno. Igualmente, se impone la obligación de mantener un 7% de la tierra como barbecho, terrazas... Si se trata de una explotación ganadera, debe mantener un pasto permanente.

Además de ese 30% -considerado excesivo por el sector-, cada Estado puede sacar del sobre un 5% para apoyo a las explotaciones en zonas desfavorecidas, otro 5% para apoyo a cultivos o producciones en dificultades, hasta un 10% para apoyo a los pequeños agricultores o un 2% para apoyo a los jóvenes. Ello supone que, de los casi 5.000 millones asignados en el sobre nacional, más de la mitad se pueden pagar en función de las condiciones de cada explotación.

Redistribución. Uno de los objetivos más importantes de la reforma es acabar con las grandes diferencias que existen actualmente para unos mismos cultivos en función de los derechos históricos. Estas diferencias se producen entre países -unos 100 euros por hectárea en Lituania o 557 en Holanda-, pero también entre una superficie de olivar o cereal, por ejemplo, entre Andalucía o Castilla-La Mancha. El objetivo de la reforma es que esas diferencias vayan desapareciendo desde 2014 hasta 2019, lo que puede presentar serios problemas de entendimiento entre las comunidades autónomas afectadas por los ajustes. En el caso de las diferencias entre países, se propone que para los Estados miembros donde la ayuda media se sitúe por debajo del 90% de la media comunitaria se produzca una reducción de esa diferencia solo en una tercera parte. Actualmente la ayuda media comunitaria es de 269,1 euros. España se sitúa en el entorno de esa cifra.

Recortes en las ayudas. Para lograr un mayor equilibrio en los pagos, Bruselas plantea sobre el papel una dura política de recortes en las ayudas según su volumen. En este objetivo señala que los pagos entre 150.000 y 200.000 euros se recortarán en un 20%; entre 200.000 y 250.000 euros, un 40%; un 70% entre 250.000 y 300.000 euros, y el 100% a partir de esa cifra. Sobre ese volumen de ayudas, y antes de aplicar el recorte, se deducirán los pagos por salarios o cotizaciones sociales. Se eliminarán también los pagos de hasta 100 euros o una hectárea por ser más cara la tramitación que su importe, y se deja la opción de elevar ese techo en cada país, que en el caso de España podría ser de 200 euros.

Quién tiene derecho a cobrar. Una de las novedades más significativas de la propuesta de reforma es que solamente tuvieran derecho a las ayudas los "agricultores activos". No existía ni existe una definición comunitaria de este tipo de agricultor, al no coincidir con el agricultor profesional o con el de tiempo parcial. Además, en cada país y en cada región puede ser diferente. Al fin, Bruselas ha puesto sobre el papel una definición para considerar solamente "activos" a las personas físicas o jurídicas cuyos ingresos por la actividad agraria superen el 5% del total de sus ingresos. No obstante, Bruselas exime de esa exigencia a las personas físicas o sociedades cuyas ayudas directas en el ejercicio anterior no superasen los 5.000 euros.

En consecuencia, se trata de una definición muy vaga que deja la puerta abierta a que casi todos puedan ser considerados activos. En la UE, sobre 4,5 millones de beneficiarios, 3,3 millones no llegan a esa cifra. En España, de 960.000 perceptores, unos 650.000 tampoco la cubren. No se aborda el caso de los jubilados que cobran una pensión para considerar a los mismos como no activos. Se trataría de una decisión nacional, como se ha hecho en Francia.

Intervención y mercados. Es uno de los puntos donde apenas hay cambios. Bruselas mantiene su apuesta porque funcionen los mercados, aunque deja abierta una puerta a actuar en caso de situaciones excepcionales. Mantiene medidas limitadas de compras en intervención en cereales, derivados lácteos o vacuno, y ayudas para el almacenamiento privado en aceite de oliva, derivados lácteos o bovino, porcino, ovino y caprino.

Balance. A efectos de los fondos que recibirá el país, en medios oficiales españoles se ve el balance casi como neutro, ya que España seguirá percibiendo casi el 11,6% de los recursos comunitarios. La reforma será negativa para los cultivos o zonas que se han beneficiado en los últimos años de pagos elevados por rendimientos históricos, sobre todo en los regadíos, desde los cereales hasta el olivar. Ganarán las zonas que tengan hoy asignados menos rendimientos, muy especialmente ganaderías sin base territorial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de septiembre de 2011