Guatemala: ensañamiento y perversidad

En la sala del Tribunal de Alto Riesgo de la ciudad de Guatemala, bajo la presidencia de la juez Jazmín Barrios, la voz firme y serena de la juez vocal Patricia Bustamante sonó especialmente rotunda cuando leyó: "Quedó demostrado que los militares actuaron de forma planificada, con ensañamiento y perversidad".

La sentencia se refiere a los hechos producidos principalmente el 7 de diciembre de 1982, cuando una unidad de kaibiles -tropas especiales- entró en el poblado de Las Dos Erres, pequeña aldea maya del Petén, al norte del país. Un total de 201 campesinos, civiles desarmados, en su mayoría mujeres y niños, fueron allí asesinados. 29 años después, cuatro exkaibiles han sido juzgados por aquellos crímenes y condenados en primera instancia a 6.030 años cada uno de ellos. Según limita la ley, tendrán que cumplir 50. A ellos se añaden otros 30 años por incumplimiento de sus deberes para con la humanidad, sumando 80 años en total.

En la aldea de Las Dos Erres, 201 campesinos, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados

Los imputados no son solo militares de baja o nula graduación. Se ha procesado a tres mandos

Los horrores perpetrados por el Ejército de Guatemala contra las comunidades mayas durante largas décadas, pero muy principalmente en el "quinquenio negro" (1978-1983), desbordan toda posible descripción. Las descripciones fidedignas existen, pero nadie podría creerlas si no fuera por su abrumadora evidencia en extensión, detalle y concreción testimonial. Ahí están las 1.500 páginas, en cuatro pavorosos tomos, del informe REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), emitido en 1998 por la ODHAG, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (24-4-1998). Páginas, a su vez, corroboradas y extensamente ampliadas un año después (25-2-1999) por las aún más brutales 3.800 páginas de los 12 tomos, aún más pavorosos, del informe de la CEH (Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU sobre Guatemala, a la que tuvimos el honor de pertenecer). Caso de no existir tan aplastante volumen documental y testimonial, nadie podría creer los hechos en él registrados, dada su inaudita atrocidad.

Salvajismo con las mujeres, incluidas las embarazadas, brutalidad con los niños, incluidos los bebés. Monstruosas mutilaciones masculinas y femeninas, previas a los asesinatos. Empalamientos, personas quemadas vivas, aberrantes formas de asesinar que aseguraban largos días de agonía. Difícil tarea, la de describir lo indescriptible. Pero trabajosamente se hizo, y el fruto documental de ambos informes citados quedó ahí, y ahí sigue para la posteridad.

Según los hechos establecidos, los soldados -unos 40 kaibiles-, al irrumpir en Las Dos Erres, separaron a las mujeres y niños de los hombres. Estos fueron reunidos en la escuela, donde fueron torturados y finalmente asesinados. Las mujeres con los niños fueron encerrados en la pequeña iglesia evangélica de la comunidad. Después, las mujeres fueron obligadas a cocinar y servir la comida a sus verdugos, antes de ser violadas y asesinadas por estos. Las violaciones y asesinatos se cometieron con especial sadismo, y los cadáveres fueron arrojados a un pozo, utilizado como fosa común. Igualmente, los niños fueron también asesinados y arrojados al mismo pozo.

Dos exkaibiles, miembros entonces de aquella unidad militar, hoy retirados, radicados en México y testigos voluntarios de la Fiscalía, aportaron al juicio, por videoconferencia, detalles escalofriantes sobre la actuación de los acusados. Por ejemplo, uno de los criminales ahora condenados, el subinstructor kaibil Manuel Pop Sun, se llevó por la fuerza a una niña hasta ocultarse con ella en una zona de matorrales próxima al poblado, donde la violó. Regresó con ella, la decapitó y la arrojó al pozo. Otros detalles igualmente horribles vinieron a configurar el contenido de la sentencia.

Recordemos un hecho que nos fue relatado personalmente por un exmiembro del Gobierno del presidente democristiano Vinicio Cerezo. En 1986, al ser nombrado ministro, se le asignó como escolta un antiguo kaibil. Al saber que la hija de este sufría una grave dolencia de la vista, abocada a la ceguera salvo que recibiera un tratamiento muy caro y especializado, el ministro, compadecido de aquella desgracia, insoluble en una familia de muy pocos recursos, le consiguió ese tratamiento en Estados Unidos. Cuando se lo comunicó al padre, recibió esta tremenda respuesta: "Agradezco sus desvelos por mi niña, pero sepa que serán totalmente inútiles. Porque lo que le ocurre a mi hija es el castigo que Dios me envía a mí, por las atrocidades que yo cometí con los niños mayas cuando era kaibil". ¿Qué horrores infanticidas cometería aquel sujeto para experimentar un remordimiento patológico de tal magnitud?

Pero los imputados no son solo militares de baja o nula graduación. En los últimos meses se ha producido el arresto y procesamiento de tres caracterizados mandos ya retirados, pero que ejercieron importantes tareas represivas en la década de los ochenta. Uno de ellos es el general Héctor López Fuentes, exjefe del Estado Mayor del Ejército (1982-1983). Contra él pesan acusaciones de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, perpetrados principalmente contra comunidades mayas, crímenes "en los que sus pueblos quedaron destruidos, sus habitantes de todas las edades fueron asesinados, y las mujeres y las niñas fueron sistemáticamente violadas", precisa Margot Wallstrom, representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos.

Otro de los jefes recientemente capturados y procesados es el coronel Rafael Bol de la Cruz, exdirector de la Policía Nacional, responsable de la detención ilegal y desaparición en 1984 del que fue dirigente sindical y estudiantil Edgar Fernando García, además de una serie de desapariciones forzadas mientras dirigió aquel viejo y corrupto cuerpo policial.

El tercero de los jefes militares aludidos es el también coronel retirado Marco Antonio Sánchez Samayoa, encarcelado desde 2009 y condenado ya a 53 años de prisión como responsable del secuestro y desaparición definitiva de ocho personas en la aldea de El Jute, en 1981.

Ante esta serie de acciones judiciales, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), reducto del más reaccionario sector de aquel Ejército (un Ejército que durante décadas eliminó a destacados defensores de derechos humanos), ha difundido un comunicado en el que, rechazando con indignación estas actuaciones judiciales, lanza la siguiente advertencia literal: "Advertimos estar dispuestos a luchar nuevamente si las circunstancias así lo demandan". Pero ¿qué significa "luchar nuevamente" para estos militares empeñados en asegurar su propia impunidad y prolongar la de los peores torturadores, asesinos y violadores de mujeres y niñas?

¿Tendremos que presenciar y asumir nuevamente que otros actuales defensores de los derechos humanos vuelvan a ser acribillados en la calle, como lo fueron, entre otros, el diplomático Fuentes Mohr y el exalcalde Colom Argueta, o apuñalados en las aceras, como la antropólo-ga Myrna Mack, o golpeados hasta la desfiguración de sus rostros, como el obispo monseñor Juan Gerardi, asesinado tras la presentación de su informe REMHI arriba citado? ¿Tendremos que presenciar la resurrección de los abominables escuadrones de la muerte, nuevamente dispuestos a secuestrar, torturar y asesinar? ¿Requerirá esa nueva lucha anunciada por Avemilgua la patriótica repetición de este tipo de horrores?

Avemilgua terminaba su amenazador comunicado con este eslogan: "Por el honor y la dignidad". Pero ¿qué clase de honor puede defenderse mediante esta clase de crímenes? ¿Y qué clase de dignidad se defiende, o se defendió, violando sistemáticamente mujeres y decapitando niñas mayas hace tres décadas?

Última noticia: los expertos del Equipo de Antropología Forense que analizan para la Fiscalía los restos de las víctimas, acaban de ser seguidos y atacados en su vehículo, y amenazados de muerte en un repugnante escrito de términos soeces y tinta roja, cuyo infame contenido nos retrotrae a aquellos años de plomo que algunos patriotas añoran y amenazan con repetir.

Prudencio García es investigador de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU sobre Guatemala, fellow del IUS de Chicago y profesor del Instituto Gutiérrez Mellado de la UNED.