El líder de la red Brugal en Alicante se niega a declarar ante el juez

El empresario Enrique Ortiz se acogió ayer a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, donde estaba citado como imputado por los supuestos delitos de uso de información privilegiada facilitada por funcionario público, cohecho y tráfico de influencias durante el periodo que estuvo tramitándose la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, una pieza separada del llamado caso Brugal.

Sin embargo, Ortiz pidió al juez hacer un alegato en defensa propia, que no puede considerarse una declaración judicial, en el que se confesó inocente de cuantos cargos se le imputan.

Al salir del juzgado, su abogado, Francisco Ruiz Marco, explicó que "Ortiz ha dejado constancia de que en ningún momento solicitó, ni en ningún momento recibió, información privilegiada por parte de Sonia Castedo (alcaldesa de Alicante y exconcejal de Urbanismo), Luis Díaz Alperi (exalcalde) o de Jesús Quesada (redactor del PGOU). Y añadió: "En ningún caso le fue solicitada ninguna dádiva, nunca jamás y nunca él la ofreció. Y no ha cometido ninguno de los hechos respecto a los cuales se le formula acusación".

El caso depende de que la Audiencia valide las escuchas

El abogado de Ortiz: "No le fue solicitada ninguna dádiva y él nunca la ofreció"

El abogado de la acusación particular que representa al PSPV-PSOE, Fernando Montalvo, confirmó que Ortiz negó "cualquier implicación en cualquiera de los hechos que aquí se están investigando, pero no ha permitido interrogarle sobre esos hechos ni sobre las circunstancias". Según este letrado, "están alegando que la causa es muy voluminosa y que no ha dado tiempo en los 20 días que ha dado el juez para estudiarla". Además, está por resolver "la discusión sobre la validez de las escuchas". El último juez de Orihuela que ha instruido el caso Brugal antes de ramificarlo en diversas piezas separadas, Carlos San Martín, decidió anular aproximadamente un 20% de las escuchas telefónicas que avalaron sus predecesores en el juzgado, pero ese auto será recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, que pretende su validación. Los letrados de los acusados, por su parte, persiguen la anulación de todas, lo que dejaría el caso a las puertas de su archivo por falta de pruebas.

El desfile de imputados continuará esta mañana con la declaración de Manuela Carratalá, la esposa de Enrique Ortiz, a la que el ministerio público le atribuye los supuestos delitos de uso privilegiado de información y cohecho por dar cobertura a su marido en la larga relación de regalos que distribuyó el promotor entre multitud de políticos del PP.

El juez Manrique Tejada también ha citado a declarar el día 20 de este mes a José Cortina Orriols, subdirector general de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat, SL en 2008, acusado por el fiscal de "cooperador necesario y máximo beneficiado de las gestiones irregulares" del promotor. La fiscalía sostiene que el ejecutivo de la caja financió a Ortiz la compra de suelo a través de la mercantil Deproinmed, SL, en cuyo consejo estaban representados el Banco de Valencia y Bancaja Habitat. Deproinmed, mediante sucesivas ampliaciones de capital, "sería la actual propietaria de las zonas urbanísticas que más valor adquirirán una vez se haya aprobado dicho plan", sostiene el fiscal.

El día 21 comparecerá Daniel Gil, exdirector de inversiones inmobiliarias de la CAM, acusado de tramar operaciones de compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad.

El día 27 acudirá al juzgado el empresario Bernardo Campos, un posible inversor al que Ortiz quería venderle suelo en la zona de La Condomina de la ciudad. En una de las conversaciones interceptadas, Ortiz le dice a Campos: "El plan general ya está hecho, yo tengo copia, vamos, te puedo enseñar copia".

El último de los citados a declarar, el día 28, es el abogado Jorge Jacobi. De momento no lo han sido la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, a los que la fiscalía achaca la comisión de los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias. Ambos están aforados por su condición de diputados y deberían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.