Herman Brady, ejecutor de los designios de Pinochet

A mediados de mayo moría a los 90 años el general retirado Herman Brady Roche, que fue número dos del exdictador Augusto Pinochet en el Ejército, ministro de Defensa y, tras dejar el servicio activo, quedó al frente de la Comisión Nacional de Energía durante la dictadura (1973-1990). Había sido condenado en ausencia en Francia a 30 años de prisión por la desaparición en Chile de cuatro personas de origen francés, era buscado por el juez español Baltasar Garzón por el crimen del exdiplomático español Carmelo Soria y estaba procesado en Chile por el secuestro de colaboradores del expresidente socialista Salvador Allende.

Mientras estuvo en servicio activo, Brady fue un hombre de estrecha confianza de Pinochet, al punto de que era la única persona del Ejército que le tuteaba.

Su voz decidía el destino de los detenidos durante la asonada militar

El martes 11 de septiembre de 1973, el día del golpe militar que derrocó a Allende, Brady era jefe de la segunda división de las Fuerzas Armadas y de la estratégica guarnición de Santiago. En esa condición, fue juez militar de la capital y con la declaración del estado de sitio y de guerra interna quedó como jefe de la zona en estado de emergencia durante los primeros años después del golpe. Fueron sus días de máximo poder. Solo Pinochet estaba sobre él. Los testigos afirman que su voz era decisiva en la suerte de los prisioneros.

Su notoriedad durante los días del golpe le pasó factura. Brady fue procesado en Chile por la desaparición de 12 colaboradores de Allende, que fueron apresados después del ataque contra el palacio de la Moneda, sede del Gobierno chileno. Durante años se ignoró el destino final de estos prisioneros, que según indagaciones posteriores fueron trasladados al regimiento Tacna, torturados y asesinados en el campo militar de Peldehue, en las cercanías de la capital. Años después sus restos fueron exhumados y arrojados al mar por orden de Pinochet, para borrar las huellas de la represión.

La justicia comenzó a cercarlo en 2001, cuando Garzón ordenó la captura internacional de Brady en el curso del procedimiento que seguía por el homicidio del exfuncionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria, ejecutado por agentes de Pinochet en 1976.

Soria fue secuestrado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional y trasladado al domicilio de uno de ellos. Allí murió a consecuencia de las torturas a las que fue sometido. Dada su condición de funcionario de la ONU, los agentes intentaron realizar un montaje para encubrir el crimen, simulando que se había desbarrancado en su automóvil. Aunque a la llegada de la democracia la justicia logró aclarar el asesinato, a sus responsables se les aplicó la ley de autoamnistía de la dictadura.

En 2005, Brady fue procesado por el secuestro calificado de los detenidos en La Moneda, cargo que negó. Su defensa señaló que el general no tenía mando de tropas en esa fecha. Pero lo inculpó el comandante del regimiento Tacna Joaquín Ramírez, quien sostuvo ante la justicia que consultó a Brady -entonces máximo jefe militar de la capital- qué debía hacer con los prisioneros. La justicia creyó la versión de Ramírez.

En noviembre del año pasado, la defensa de Brady quiso lograr el sobreseimiento de la causa contra su cliente porque se encontraba en estado de demencia, pero la Corte de Apelaciones de Santiago lo rechazó por unanimidad.

En 1975, al morir en un accidente de helicóptero el ministro de Defensa Óscar Bonilla, un general que comenzaba a hacer sombra a Pinochet, este nombró a Brady en su reemplazo, cargo en el que permaneció entre 1975 y 1978. Posteriormente, ya en retiro, Pinochet designó a Brady como presidente de la Comisión Nacional de Energía, cargo que tuvo desde 1981 y hasta 1990.