Los letrados del turno de oficio reducen al 44% su actividad

El conflicto que mantienen los 4.500 abogados del turno de oficio con la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia está teniendo sus primeras consecuencias. Los letrados han reducido su actividad al 44% desde que el pasado 1 de junio decidieran limitar su labor a los casos más importantes y en los que hubiera urgencia, según datos facilitados ayer por el Colegio Oficial de Abogados de Madrid.

Los integrantes del turno de oficio y de la justicia gratuita han reducido su actividad, salvo en los casos en que sea previsible que se pueda perjudicar de forma directa e irreversible al ciudadano. Eso supone que sí acuden a juicios ya programados, pero una comisión del Colegio de Abogados analiza si los nuevos casos pueden esperar o, por el contrario, deben ser atendidos por los letrados. Los que siempre cuentan con presencia policial son los detenidos en comisarías y en juzgados y las causas en las que hay presos.

Según el colegio, los abogados de la justicia gratuita, que trabajan en turnos de 24 horas al día, suelen atender a 200 detenidos, imputados no detenidos -frecuentes en delitos contra la seguridad vial- y a víctimas de violencia de género. Sin embargo, desde el pasado 1 de junio solo se ha efectuado un 44% de esas asistencias diarias, según el primer balance oficial. El día con menor actividad de los letrados fue el domingo 5, con un 39% de asistencias.

Alcobendas y Colmenar

Las partes judiciales con menor actividad han correspondido hasta la fecha al norte y noroeste de la región, en especial las que se incluyen en la denominada zona 3, que incluye Alcobendas, Colmenar Viejo y Torrelaguna, con un 42% de asistencias realizadas.

A todo ello se une que las asistencias prestadas por los abogados del turno de oficio para actuaciones puntuales -exhortos, reclamaciones judiciales y casos de busca y captura-, cuya defensa no va a continuar en el futuro, han bajado hasta el 29,5% de los casos.

Los afectados han avanzado que mantendrán esta situación hasta que el Gobierno regional no se siente a negociar la actualización de las tarifas, que está vigente y sin cambios desde que la Comunidad de Madrid asumió las competencias de Justicia en 2003.