¿Planes efectivos o efectistas?

El duelo entre el Consell y el Gobierno ha sido visible en las calles de todos los municipios valencianos. Primero aparecieron las vallas de las obras del Plan E del Gobierno, más conocido como plan Zapatero. Un plan de choque realizado en 2009, con secuela en 2010, para intentar un aterrizaje suave en las listas del paro tras reventar el motor de la construcción. Por otro lado, las vallas del Plan Confianza de inversión productiva en los municipios, concebido por el Consell para impulsar la recuperación del empleo en el ámbito local en vísperas de las elecciones autonómicas y con alcance hasta 2012.

Probablemente, pese a las grandes vallas publicitarias que presiden las obras, los ciudadanos no han sido conscientes de la dimensión del duelo, a cara de perro, que han mantenido la Generalitat y el Gobierno para dejar su impronta en los municipios.

Las dos iniciativas buscan paliar el desempleo que ha generado la crisis

Hay municipios donde los recursos se han utilizado de manera poco eficaz

El Consell ha hecho del plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios, conocido como Plan Confianza -un nombre que guarda similitudes con el lema del PP puedes confiar y que, en función de la ocasión, también ha sido rebautizado ocasionalmente como plan Camps-, el estandarte de su gestión en el tramo final de esta legislatura.

Condicionado por el fondo estatal de inversión local, conocido como Plan E -y también rebautizado por los socialistas como plan Zapatero-, el Ejecutivo que preside Francisco Camps replicó con el Plan Confianza.

Según el argumentario del Consell y del Partido Popular, el plan del Gobierno era apresurado, limitado en el tiempo y no resolvía el grave problema de financiación de las Corporaciones locales. Por eso, y por los problemas para obtener liquidez en el mercado bancario y la necesidad de dar tiempo a los ayuntamientos para buscar nuevos proyectos en los que invertir, la Generalitat optó por poner en marcha un plan extraordinario de inversiones mucho más flexible que el del Gobierno y cuyos efectos fuesen visibles en el primer trimestre de 2011.

En total, el presupuesto destinado al Plan Confianza en los municipios asciende a un total de 1.020 millones de euros repartidos de manera lineal, como el Plan E. Si en el caso de la Generalitat son 203 euros per cápita, en el del Estado son 177. Aunque en el caso del Ejecutivo de Camps el dinero está previsto que se desembolse a lo largo de un trienio y, en el caso del Gobierno, los 865 millones que le han correspondido a la Comunidad Valenciana ya han sido abonados.

Aunque el Consell ha buscado diferenciarse del Gobierno, por ejemplo, suprimiendo el límite máximo de 5 millones de euros por proyecto fijado en el Plan E, lo cierto es que la gran mayoría de las infraestructuras municipales pagadas con ayuda de la Generalitat o del Estado han ido destinadas a obras de tamaño mediano y pequeño. Y, sobre todo, con necesidad de mano de obra intensiva.

Así, se han rehabilitado y mejorado espacios públicos, se han hecho equipamientos de todo tipo y se ha mejorado la protección del medio ambiente. Es decir, los fondos públicos se han utilizado para cualquier clase de proyecto municipal, desde escuelas infantiles, pasando por el asfaltado de las calles, hasta la sustitución de alumbrados por otros más eficientes, con alguna excepción en grandes infraestructuras, como el tranvía que pretende construir el Ayuntamiento de Gandia entre su centro urbano y la playa.

Con el Plan E, que fijaba límites a la cuantía de los proyectos, se han financiado 2.537 iniciativas en la Comunidad Valenciana, mientras que con el Plan Confianza el número de proyectos aprobados ha sido superior a los 1.800, buena parte de ellos ya licitados o en proceso de licitación.

Una característica que han compartido ambos planes ha sido la autonomía que tanto la Generalitat como el Gobierno han otorgado a los gobiernos municipales para decidir el destino de la inversión. Una decisión que no ha estado exenta de polémica, ya que algunas de las inversiones se han destinado finalmente a proyectos de dudosa eficacia -como el gasto de 1,1 millones del Plan E en una discoteca en el municipio de Benaguasil, que gobierna el PP, o las habituales renovaciones de aceras ya remodeladas- que solo han tenido como virtud mantener durante un tiempo un número limitado de puestos de trabajo.

Otro de los efectos colaterales de la coincidencia de ambos planes de inversión municipal ha sido que, en un porcentaje significativo de ayuntamientos, se ha producido una inflación de obra pública. Es decir, la inversión adicional del Gobierno y de la Generalitat, sumada a la inversión local prevista -que funciona habitualmente en base a ciclos electorales- ha generado un embudo de obra difícil de digerir. Pese a ello, el Gobierno ha decidido impulsar un segundo Plan E en 2010 -y hasta el primer trimestre de 2011- y el Consell se plantea ya su segundo Plan Confianza.