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Reportaje:

Examen a la revolución islandesa

El país nórdico rechaza, según los resultados parciales del referéndum, devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones por la quiebra de un banco

¿Qué haría usted si uno de los grandes bancos españoles hubiera quebrado en Reino Unido y el Gobierno británico exigiera a España un pago de 50.000 euros por familia para saldar esa deuda? Islandia, que ya se ha negado en una ocasión a pagar esa factura, se enfrentó a un segundo referéndum sobre si aprueba -o no- devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones de euros por la bancarrota de una de sus entidades financieras. Según los resultados parciales, anoche el no iba ganando. Con unos 36.000 votos escrutados (más de del 10% del electorado), el rechazo de los islandeses se plasmaba en el 57% de los sufragios.

Aunque tal vez el examen vaya un poco más allá. Porque El no reforzaría la vía islandesa de salida de la crisis financiera, la denominada revolución de las cacerolas: dejar caer los bancos y organizar movilizaciones sociales que provocaron un cambio de Gobierno, una reforma de la Constitución y han alentado una investigación para enjaular a los banqueros. Pero un podría empañar el ejemplo islandés, al que se agarra cada vez más gente en la periferia de Europa, por la irritación que provoca el empeño de Bruselas y el BCE en defender a los bancos aun a costa de una oleada de austeridad y recortes draconianos.

Las encuestas han cambiado de signo y dan vencedor al 'no' por escaso margen
La negativa complicaría la entrada de Islandia en la UE

"Es una decisión difícil. Probablemente lo mejor sea votar no, pero eso va a acarrear enormes problemas a corto y medio plazo". Interrogado por el referéndum, el economista Magnus Skulasson no tenía aún nada claro, a media tarde de ayer, el sentido de su voto. Las encuestas tampoco dan un ganador con seguridad: el -es decir, pagar por los desmanes de la banca- parecía claro ganador hace dos meses, pero los sondeos se han dado la vuelta estos días.

El referéndum fue convocado hace dos meses por el presidente islandés, Oláfur Ragnar Grímsson, que se negó a firmar una ley del Parlamento que estipulaba las condiciones del acuerdo: un pago con intereses del 3% a 37 años. Grímsson es reincidente: en diciembre de 2009 ya forzó una consulta similar, cuando contra todo pronóstico se negó a firmar una ley que obligaba a pagar con intereses del 5,5% en 15 años. El no ganó entonces de forma arrolladora. "Las antiguas condiciones de pago eran muy injustas: las nuevas son mejores, pero si los islandeses van a tener que cargar con una deuda de sus bancos deben tener derecho a decidir. Islandia es una democracia, no un sistema financiero", declaró Grímsson a este diario hace unos días.

La disputa viene de lejos. A mediados de la pasada década, uno de los grandes bancos islandeses, Landsbanki, abrió una filial por Internet en Reino Unido, Holanda y Alemania que tuvo un éxito fulgurante por los altos intereses que pagaba en una cuenta llamada Icesave. A principios de octubre de 2008, apenas 15 días después de la quiebra de Lehman Brothers, Reino Unido detectó que los bancos islandeses estaban traspasando dinero de las cuentas británicas a Reikiavik y les aplicó la ley antiterrorista: congeló todos sus fondos. Los bancos estaban sobreendeudados (sus activos suponían 12 veces el PIB), y esa decisión, junto a la crisis internacional, les llevó a la bancarrota. El Estado no los rescató. Los dejó caer, y posteriormente los nacionalizó e inyectó dinero para que siguieran operando, pero solo en Islandia. Londres y Ámsterdam pagaron a los depositantes de Icesave (unas 300.000 personas) el 100% de los depósitos y desde entonces reclaman ese dinero. Eso suma 4.000 millones: tal vez no parezca una cifra desorbitada, pero es un tercio del PIB islandés.

El caso está repleto de incertidumbres. El Gobierno defiende el en el referéndum y aduce que los activos del banco quebrado, cuando se liquiden, permitirán pagar la mayoría de la deuda. Los partidarios del no argumentan que la gente no debería pagar por las locuras de sus bancos, y aducen que la legislación internacional -llena de sombras- no obliga a ningún país a asumir deudas astronómicas que sobrepasan con mucho el importe acumulado en los fondos de garantía.

Islandia sigue sumida en una profunda crisis, tras la quiebra del sistema bancario que obligó al país a acudir al FMI. Entonces la Bolsa se desplomó, la corona islandesa perdió el 80% de su valor y la caída del PIB ha sido del 15%. El paro ha pasado del 1% al 8%, hay controles de capital -corralito-, ha habido fuertes subidas de impuestos y recortes del gasto público. La recuperación es aún muy frágil. Y esa fragilidad puede aumentar en caso de que el no salga vencedor: el Ejecutivo ha avisado a la población de que un rechazo llevaría el caso a los tribunales. Además, si los activos del banco quebrado son menores de lo esperado y la corona vuelve a caer, las cifras se dispararían.

En el ámbito político, una negativa dejaría en una difícil posición al Gobierno de coalición entre socialdemócratas y rojiverdes, y complicaría el acceso de Islandia a la UE y los créditos con el FMI y otros países nórdicos. Los islandeses lo saben, y aun así el no ha ganado fuerza. "Tenemos la opción de acabar con este desafortunado asunto con dignidad, o embarcarnos de nueva en un periodo de incertidumbre", avisó ayer el ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson. "De acuerdo: pero la crisis ya está siendo lo suficientemente dura. No quiero pagar más", terció el director de cine Arni Sveinsson.

El presidente de Islandia, Ólafur Grímsson, ayer al ir a votar en el referéndum.
El presidente de Islandia, Ólafur Grímsson, ayer al ir a votar en el referéndum.INGOLFUR JULIUSSON (REUTERS)

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