La Junta reitera a la juez que no le dará las actas de los Consejos
El letrado que representa a la Junta de Andalucía en el caso de los ERE fraudulentos comunicó ayer a la juez Mercedes Alaya su intención de no entregar, como ha pedido la magistrada, todas las actas de los Consejos de Gobierno de los diez últimos años. El letrado del Ejecutivo andaluz, que había sido citado a mediodía por la juez, comunicó que el Gobierno andaluz se ratifica en los acuerdos adoptados el pasado día 29 en los que se ofrece a remitir a la magistrada "la certificación de acuerdos o informes concretos que puedan ser relevantes para la causa judicial y también la certificación de inexistencia, en su caso, de acuerdos concretos".
La Junta entiende que la petición de la juez obligaría al Gobierno a "incumplir la ley" y "a renunciar a la naturaleza reservada de parte de sus sesiones o a renunciar a sus competencias". En este sentido, el letrado de la Junta ha transmitido a la juez Alaya su decisión de plantear un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, órgano dependiente del Tribunal Supremo.
El pasado martes, el Ejecutivo andaluz ya aprobó la presentación de un requerimiento ante el citado tribunal, en defensa de las potestades del Gobierno andaluz, y en el que se demanda la incompetencia del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por carecer de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas que solicita.
Comisiones
Por otro lado, los secretarios generales de CC OO y de UGT de Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, negaron ayer haber cobrado comisiones por las labores de asesoramiento a las empresas y a la Junta en la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), subvencionados con dinero público.
Según publicó ayer El Mundo, los dos principales sindicatos, UGT y CC OO, cobraban un 1% del total de cada ERE asesorado, del dinero público empleado en las prejubilaciones. Carbonero y Pastrana negaron ayer conocer la existencia de dichos pagos, así como que sus respectivas federaciones regionales hayan cobrado de esos fondos. No obstante, ambos dirigentes sindicales dijeron desconocer si otras federaciones sectoriales o nacionales cobraban por dichos asesoramientos, aunque descartaron que ninguna de sus organizaciones estuviera realizando prácticas ilegales. El consejero de Empleo, Manuel Recio, dijo también desconocer dichos pagos y aseguró que su departamento no paga comisiones por asesoramiento en estos asuntos.
