El BNG exige el cese de Guerra tras el aval del Superior al decreto eólico
Guerra prevé indemnizaciones por anular el anterior reparto
El BNG exigió ayer la dimisión del conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, después de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que avala el reparto eólico que llevó a cabo el Gobierno bipartito. El tribunal respalda la legalidad del decreto eólico, tras el recurso presentado por la empresa Enel Green Power, lo que, en opinión de los nacionalistas, desmonta las razones esgrimidas por la Xunta para anular el decreto y convocar otro concurso.
El diputado nacionalista Henrique Viéitez acusó a Guerra de actuar, a lo largo de todo el proceso, "con prepotencia y con desprecio a la legalidad vigente y al pueblo gallego". "Si ahora fuese consecuente, debería presentar su dimisión", defendió. Viéitez también reclamó la "comparecencia urgente y sin ningún tipo de excusa" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, porque "es el máximo responsable" de lo ocurrido.Feijóo, por su parte, defendió la seguridad jurídica del concurso eólico de su Gobierno, al que una ley aprobada por el Parlamento gallego "da garantías", y ratificó que ya está "hecho", de forma que las adjudicatarias tienen "que presentar y empezar a ejecutar" los planes industriales. "Vamos a ver lo que dice el tribunal, pero yo puedo decir lo que dijo el Parlamento: que hay una ley que da garantías", añadió. Su discurso choca con el que esgrimió para tumbar la normativa del bipartito, cuando el presidente se aferró a un informe elaborado por la Xunta que veía "tachas de legalidad" en el decreto anterior.
Pedro Arias defiende el parque: "La política económica implica renunciar a cosas"
En parecidos términos se expresó el conselleiro de Industria, que consideró que "hubiera sido arriesgado" seguir el planteamiento del decreto de 2008, al contar con informes que, aseguró, revelaban "tachas de legalidad infranqueables". Guerra admitió que, ahora, empresas del concurso anterior "pueden pedir una cantidad" de dinero "que tiene que ver con el estudio y el análisis de los planes que presentaron", pero contrapuso que "esta responsabilidad sería muchísimo mayor y no se podría calcular" si la sentencia "fuese contraria y la Xunta hubiese seguido adelante" con el reparto del bipartito.
Visión muy distinta es la del PSdeG, cuyo viceportavoz José Luis Méndez Romeu recriminó a Feijóo que derogase el decreto del bipartito y elaborase una nueva norma por "prejuicios ideológicos", que ahora traen "consecuencias indeseadas". Méndez vinculó la situación provocada por la sentencia con el caso del parque eólico de la Serra do Galiñeiro, después de que el PP rechazara ayer en el Parlamento dotar a la zona de una protección especial, lo que evitaría la instalación de un parque eólico. Esa propuesta la formuló la corporación de Gondomar al completo, incluidos los ediles elegidos bajo las siglas del PP. "Todo lo relacionado con el eólico y este Xunta es la historia de una chapuza", espetó Méndez.
El Plan Xeral de Ordenación Municipal elaborado por el actual Gobierno de Gondomar -compuesto por ediles populares, tránsfugas socialistas y un independiente-, que está siendo analizado por la Consellería de Medio Ambiente, sí contiene esa figura de protección. La contradicción entre los diputados del PP y sus compañeros de filas en la localidad pontevedresa se plasmó en una comisión parlamentaria, en la que se debatió una iniciativa del BNG para garantizar que no se instalarían en esta zona los 39 megavatios de potencia eólica concedida en el concurso de la actual Xunta. El PSdeG se alineó con los nacionalistas, pero la mayoría conservadora tumbó una propuesta que sintoniza con la oposición ciudadana que ha suscitado la implantación de los aerogeneradores.
El diputado popular Pedro Arias se escudó en que esa decisión se debe tomar en la "fase final" de la tramitación, y recalcó que la consellería está al tanto del "cuadro social". No obstante, Arias advirtió que la política económica "implica renunciar a unas cosas y conquistar otras" y se limitó a garantizar que Industria cumplirá con la legalidad.
Actualmente no hay impedimentos legales para el parque, al tratarse de una zona de desarrollo eólico. Solo la inclusión del Galiñeiro en Red Natura o la aprobación de una figura de protección especial en el PXOM de Gondomar impedirían su construcción, pero ambas decisiones dependen del propio Gobierno autónomo. El nacionalista Henrique Vieitez remarcó que esta instalación eólica supondrá la "bancarrota" para la actividad que desarrolla la Mancomunidade de Montes de Vincios, centrada en la puesta en valor del monte.
