Las expropiaciones de la autovía A-32 costarán unos siete millones

La autovía A-32 entre Linares y Albacete, proyectada para conectar la provincia de Jaén con Levante, le está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza al Ministerio de Fomento. El recorte presupuestario del Gobierno para este año llevó a rescindir las obras en dos tramos, entre Úbeda y Villanueva del Arzobispo, una decisión que se tomó después de haber cortado ya miles de olivos a los agricultores afectados por el itinerario diseñado. Ahora, los olivareros no pueden recoger sus cosechas, pero tampoco han cobrado hasta ahora las indemnizaciones, lo que ha acrecentado la indignación vecinal y política en muchos municipios.

El jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, Salvador Fernández, se reunió ayer en Jaén con el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Agustín Rodríguez, que le trasladó el malestar de los olivareros, no sólo por el retraso en el pago de las expropiaciones sino por los accesos intransitables a las fincas agrarias motivadas por los trabajos previos de la autovía, una situación agravada por las intensas lluvias del mes pasado. Fomento se comprometió a adecuar el acceso a los caminos rurales, pero fue menos concreto en el pago a los agricultores.

La infraestructura está parada, aunque se han arrancado miles de olivos

La A-32 tiene una longitud de 225 kilómetros, de los que 129 discurren por la provincia de Jaén, y un coste de 875 millones, más de la mitad en Jaén. En la actualidad solo están en ejecución tres de los ocho tramos en esta provincia. El subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro, cifró en unos siete millones el coste inicial de las expropiaciones de esta autovía. En la provincia jiennense son más de 2.500 las fincas afectadas, pero hasta el momento tan sólo se han llegado a acuerdos para el pago en el 6% de los afectados, aunque no todos han cobrado.

Sin embargo, la mayor parte de los más de 40.000 olivos expropiados pertenecen a los tramos rescindidos, donde sus titulares llevan más de un año esperando las indemnizaciones.

La Ley de Expropiaciones fija el pago de intereses de demora si no se paga en un plazo de seis meses. Calahorro admitió que el ritmo de pago se va a ralentizar por los recortes presupuestarios del Gobierno, pero también censuró que en muchos casos el proceso se ha paralizado porque los afectados se han negado a firmar las actas de expropiación.

Calahorro atribuyó esta resistencia a "intereses políticos" de la plataforma creada en varios municipios y que cuenta con el respaldo de los ayuntamientos no gobernados por el PSOE y por la organización agraria Asaja.