Una única autoridad regulará la televisión y las 'telecos'

La política de austeridad, el ahorro de costes y la cada vez mayor convergencia entre el mundo de la televisión y el de las telecomunicaciones ha llevado al Gobierno a cambiar el paso en torno al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). El Ejecutivo se plantea ahora unificar los órganos reguladores de las teles y las telecos y aprovechar las instalaciones, los medios y los recursos que ya tiene desplegados la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Aunque el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva, algunos ministros son claramente partidarios de refundir la CMT y el CEMA en un organismo bicéfalo. Estaría compuesto por un presidente y 12 consejeros (seis de ellos especializados en el área audiovisual y otros seis enfocados al ámbito de las telecomunicaciones). Ambos consejos, con sede en Barcelona, estarían "en posición de igualdad", según fuentes del Gobierno, y mantendrían competencias específicas. Esto implicaría un recorte en los actuales componentes de la CMT (un presidente y ocho consejeros) y también una reducción sobre la composición del CEMA prevista en la ley (un presidente, un vicepresidente y siete vocales, nombrados por el Gobierno a propuesta de tres quintas partes del Congreso y por un mandato de seis años).

Los socialistas pretenden plantear estas reformas a través de una enmienda a la Ley de Economía Sostenible (LES), que actualmente se tramita en el Senado. Prácticamente todos los grupos de la oposición apuestan por un modelo convergerte. Al menos, esa fue la tendencia que defendieron durante el debate de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que entró en vigor en mayo de 2010.

Fueron precisamente los socialistas quienes combatieron con firmeza la idea de unificar ambas autoridades reguladoras. Sus votos y los de CiU hicieron el resto. Pero los problemas presupuestarios aconsejan no crear un órgano de nueva planta que costaría unos 20 millones de euros.

La CMT seguiría ocupándose del sector de las comunicaciones electrónicas, Internet y la telefonía, mientras que el CEMA centraría sus tareas en el control de las emisiones televisivas en cuanto a la protección de los menores, el respeto a los límites publicitarios o el cumplimiento de la ley que obliga a los operadores a invertir el 5% de sus ingresos en cine.

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, defiende la necesidad de esta autoridad para regular los contenidos que "banalizan" del debate público en los medios audiovisuales. En un encuentro con Europa Press, Jáuregui se mostró preocupado por la tendencia a convertir en espectáculo "la agresividad, la descalificación o el enfrentamiento", por la proliferación de "personajes de escaso mérito como modelos sociales" y por la "entronización de falsos valores que atentan contra los verdaderos principios de la democracia". Además de defender la necesaria creación de un Consejo Audiovisual, abogó por la autorregulación para frenar estas prácticas.

El diputado popular Miguel Ángel Cortés expresó ayer su sospecha de que el Gobierno pretente utilizar el CEMA como arma para tener amenazada la libertad de información y controlados a los medios.