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Camps lanza la estrategia territorial sin presupuesto ni consenso político

El plan traza una ruta en urbanismo, infraestructuras y economía hasta 2030

Ignacio Zafra

El Consell aprobó ayer la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, una larga relación de acciones y objetivos que debería marcar la ruta de la autonomía en los próximos 20 años en ámbitos tan variados como las infraestructuras, la energía, el paisaje, el urbanismo, la innovación y las actividades económicas. Fruto de un largo proceso de elaboración (se inició casi al principio de la legislatura y se aprueba a cuatro meses de las elecciones) en el que han participado expertos de alto nivel y que ha integrado centenares de alegaciones, el documento nace, sin embargo, con unos puntos débiles que amenazan con lastrar su recorrido práctico.

En primer lugar, la estrategia "no dispone de un programa económico", según señala el propio documento, "sino que recoge actuaciones de las distintas Administraciones", dado "el escenario actual de restricciones presupuestarias".

García Antón buscó un pacto en las Cortes que Cotino ha descartado
El Consell logra el apoyo de patronal, universidades, cámaras y puerto

En segundo lugar, a pesar del formato multitudinario de la presentación de ayer y de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, sostuviera que el consenso alcanzado "es el más amplio que sobre una apuesta tan importante como ésta se podía acometer", lo cierto es que la estrategia se ha aprobado al margen del resto de fuerzas políticas. Esto, según algunos de los expertos que han participado en su redacción, supone una importante debilidad: el plan se aprueba con una mirada a 20 años y en ese plazo no debería descartarse la posibilidad de alternancia política.

La iniciativa arrancó cuando José Ramón García Antón era consejero de Territorio y en aquel momento existió la voluntad de crear una comisión en las Cortes donde todos los partidos debatieran la estrategia. Posteriormente, sin embargo, el clima político se enrareció, falleció García Antón y su sustituto al frente del departamento, Juan Cotino, descartó profundizar en la búsqueda del consenso parlamentario.

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El Consell sí que ha sumado a la iniciativa a la patronal y las cámaras de comercio, la federación de municipios y provincias, el Comité Económico y Social, la Autoridad Portuaria de Valencia y las universidades.

El tercer riesgo que pesa sobre la estrategia es si detrás de ella existe una auténtica voluntad política o si su destino es, por el contrario, acabar ocupando espacio en una estantería. La mejor forma de comprobarlo consiste en comparar lo que el documento enuncia con lo que sucede en realidad.

La estrategia apuesta, por ejemplo, por "ralentizar el crecimiento de los municipios del litoral"; aboga por las ciudades compactas (lo que implica una apuesta por la rehabilitación frente a nuevos desarrollos), y por "definir pautas racionales y sostenibles de suelo". La realidad dice que el modelo existente durante la última década fue justamente el opuesto. Y que la mayoría de megaproyectos urbanísticos planeados durante el boom de la construcción han sido frenados por la crisis, pero no por la Administración autonómica, de modo que permanecen latentes.

El documento presentado ayer no contempla proteger más suelo, sino, en línea con la política desplegada por Cotino, agilizar y eliminar trabas a los proyectos urbanísticos.

En la última década se han aprobado estrategias similares en muchas comunidades autónomas, subregiones y ciudades. La mayoría de ellas han quedado limitadas a una declaración de buenas intenciones (rentabilidad política aparte), asegura uno de los expertos que ha participado en el documento valenciano. Entre las excepciones se encuentran Navarra, donde fue respaldado por todos los partidos salvo los herederos de HB (que se abstuvieron) y Menorca, donde fue aprobada por unanimidad. Fue ese acuerdo político, opina la misma fuente, unido a la voluntad de convertir el discurso en hechos, lo que explica su éxito.

La estrategia valenciana, estructurada en áreas y fichas, contiene una abrumadora mayoría de objetivos inatacables (al menos en público) casi por cualquiera. Reducir las cifras de abandono y fracaso escolar. Aumentar las viviendas protegidas. Reducir el tiempo utilizado para los desplazamientos por motivos de trabajo. Reforzar el protagonismo de las ciudades medias. Aumentar la inversión pública en conservación del paisaje. Disminuir las emisiones de CO2. Recortar un 30% el consumo de electricidad... Y también figuran en sus páginas enunciados más retóricos, como el de "situar al área urbana de Valencia en la liga de las grandes ciudades europeas".

El Consell avanzó que prepara una ley "de actuaciones territoriales estratégicas" que simplificará los trámites para realizar, por ejemplo, la reserva de suelo que requiera el corredor mediterráneo. La Generalitat, señaló una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, está dispuesta a llevar a cabo la reserva de suelo ya, pero el trazado del corredor debe efectuarlo el Gobierno, y por ello ayer le tendió la mano para acordarlo.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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