La Comunidad clausura el Imade sin que lo sepan todos los trabajadores

Medio centenar de trabajadores acudió ayer a trabajar a las oficinas del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) en la calle de José Abascal, 57. Algunos se habían despertado a las 7.30 de la mañana para incorporarse a sus puestos de trabajo. Pero no pudieron hacerlo porque la Comunidad de Madrid había ordenado el cierre de las dependencias del Imade, la entidad pública que promueve el desarrollo económico de la región. Un guardia de seguridad custodiaba la entrada e impedía el acceso a los trabajadores.

El Gobierno regional cumplía así con el decreto que contenía el Plan de racionalización del sector público regional que ha suprimido 102 empresas públicas, entes regionales y órganos consultivos con el objetivo de ahorrar 23 millones de euros. Este plan incluía la eliminación del Imade. "Hemos llegado esta mañana y las puertas estaban cerradas. El guardia de seguridad nos ha impedido la entrada y nos ha enviado a una oficina de Gran Vía donde están Recursos Humanos de la Comunidad", explicó ayer Juan Carlos Arias, presidente del comité de empresa del instituto regional.

Los trabajadores han presentado sendas denuncias ante la Inspección de Trabajo y ante los juzgados de Plaza de Castilla por la limitación "del libre ejercicio de sus derechos como trabajadores". Arias explicó que muchos trabajadores aún tenían objetos personales en las oficinas del ente regional. "El viernes fuimos a trabajar y hoy lunes [por ayer] no podemos entrar y no nos han informado", se quejaba otra trabajadora a las puertas de la sede.El pasado 23 de diciembre el Ejecutivo autónomo dio luz verde a la supresión del Imade. Estaba previsto que la extinción entrara en vigor a partir del 1 de enero. Pero ayer cerca de un tercio de los 155 empleados de la entidad regional aún no habían recibido la comunicación oficial del cierre, ni de su nuevo destino. El vicepresidente regional, Ignacio González, aseguró ayer que todos los trabajadores del instituto regional estaban informados de la situación. Un portavoz regional explicó que el pasado día 30 se enviaron burofax a todos los empleados informándoles sobre el cierre y comunicándoles sus nuevos destinos.

Pero muchas de las cartas no llegaron a tiempo, según reconoce el mismo portavoz regional. Además, el pasado martes la dirección del Imade comunicó a los trabajadores la liquidación de su contrato y la extinción de su relación laboral con el Imade. Ese mismo día, los 15 trabajadores interinos de la entidad recibieron sus cartas de despido a pesar de que desde el Gobierno regional aseguraron que la eliminación del Imade no supondría ningún despido.

"Los trabajadores podrán incorporarse de forma provisional a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda. La tarea de coordinación para trasladar a los trabajadores es complicada porque hay que ubicarlos en sitios con la misma categoría profesional", precisa el portavoz regional. Los empleados que sí recibieron a tiempo los burofax enviados por el Ejecutivo regional cuentan que se les instaba a incorporarse a la secretaría técnica o a acogerse a un despido con una indemnización de 20 días por año trabajado. "Los trabajadores del Imade tienen derecho a seguir en otro puesto de trabajo dentro de la Comunidad, y esa opción es la que se les ha dado", señaló el vicepresidente regional. Pero al pasar a otra dependencia de la Comunidad han cambiado las condiciones laborales de algunos trabajadores. Algunos verán minorada su nómina más de un 30%.

La oposición (PSM e IU) no ha tardado en reaccionar ante la situación de improvisación generada por la extinción del Imade. La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, acusó ayer al Gobierno regional de "engañar a los trabajadores. El PP había garantizado que los trabajadores tenían sus puestos de trabajo asegurados. Esto ha sido una mentira y una desvergüenza", concluye Menéndez. Por su parte, Gregorio Gordo, portavoz de IU, calificó como patética la situación vivida ayer. "El Gobierno de Madrid no ha respetado ni la obligatoria información a los representantes de los trabajadores al producirse una modificación de las condiciones laborales, siendo está tan sustancial como que se trata de la supresión del organismo para el que trabajan", señaló.