El Gobierno se juega en el Superior el recorte a los empleados públicos
La Sala de lo Social ve mañana una demanda relativa al personal de ETB
El Gobierno tiene mañana, martes, en la Sala de lo Social del Tribunal Superior una cita tras la que recibirá la primera pista sobre sus posibilidades de salvar con éxito o no las demandas sindicales contra el recorte salarial aplicado a todo el sector público vasco, en cumplimiento del decreto de medidas de ajuste que dictó en mayo el Ejecutivo de Zapatero.
La vista se refiere a la demanda por conflicto colectivo presentada por cuatro sindicatos (ELA, LAB, CC OO y LKB) a causa de la aplicación de los recortes al personal de ETB. Su celebración y, previsiblemente, el fallo van a coincidir casi con el momento en que el personal público más va a notar la merma de sus ingresos: la paga de Navidad, sobre la que se calculó en junio un impacto del 30% de rebaja. La resolución del Superior podría ser de aplicación a todo el personal laboral, fijo o temporal, de las Administraciones vascas (Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos), lo que supone más de 22.000 trabajadores. Las centrales han empezado a tantear el terreno judicial con estos afectados, pero no renuncian a extender sus reclamaciones a la situación de los funcionarios, según cuál sea el resultado.
La demanda servirá de banco de pruebas para todo el personal laboral
El Ejecutivo puede salir victorioso si la Sala de lo Social da por buena la ley que traspuso a Euskadi el decreto de Zapatero, pero también existe la posibilidad de que el Superior opte por algo que ya ha hecho la Audiencia Nacional con demandas similares en los últimos meses: elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, como piden los sindicatos, por estimar que existen dudas suficientes de la vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, como también afirman las cuatro centrales demandantes.
El Gobierno conocía los riesgos cuando aprobó, en un consejo extraordinario celebrado a mediados de junio, el proyecto de ley de modificación de los Presupuestos a través del cual aplicaría el ajuste salarial a los empleados públicos, con el que preveía ahorrar unos 100 millones de euros. El Gabinete sabía que la consecuencia que más quebraderos de cabeza podía crearle era la ruptura que ello suponía de los acuerdos con los sindicatos ELA, CCOO y UGT alcanzados en otoño de 2009, por primera vez en una década. El Ejecutivo exhibió aquel pacto alcanzado por la consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendía, y la mayoría sindical en el sector como un gran logro, que las medidas de recorte de Zapatero se llevaron por delante en lo que a los compromisos salariales se refería.
La inconstitucionalidad de los ajustes salariales comprometería, a su vez, la constitucionalidad de los presupuestos de este año, que recogen los recortes a través de la modificación aprobada en aquel consejo. Y otro tanto ocurriría con los de 2011.
Los sindicatos denuncian la conculcación del derecho a la negociación colectiva, derivado de otro igualmente fundamental, el de libertad sindical, ambos contenidos en el Título I de la Constitución, y piden que se devuelvan las retenciones ya hechas.
En la cuestión de inconstitucionalidad ya planteada por la Audiencia Nacional para el caso de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el derecho sobre el que existen dudas es el derecho a la igualdad, ya que otras empresas del sector público estatal como AENA, Adif o Renfe, quedaron exentas de los recortes.
En el caso vasco no se da esa circunstancia, porque no ha habido excepción alguna, pero sí sería abordable desde el punto de vista de las relaciones laborales ya reguladas por convenio colectivo y modificadas después por el decreto ley del Gobierno central. Los decretos leyes no puede utilizarse si están en juego derechos fundamentales. Los artículos 28 y 37 de la Constitución protegen, respectivamente, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, "así como la fuerza vinculante de los convenios".
Contra ese derecho constitucionalmente protegido aducen los sindicatos que ha actuado el Gobierno al modificar las condiciones pactadas previamente.
La ley que respaldó el Parlamento para aplicar las medidas de ajuste en Euskadi dice expresamente en su Disposición Adicional Quinta: "Se suspenden parcialmente [para hacer posible la rebaja retributiva] todos los acuerdos firmados", no solo entre la Administración general y las centrales, sino también los de sus organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas.
Precedentes y dudas constitucionales
Al menos en cuatro casos la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha mostrado sus dudas sobre la constitucionalidad de las medidas para el recorte salarial a los empleados públicos. Dicha sala ha dictado ya cuatro autos en otros tantos conflictos colectivos promovidos por CC OO.
El primero de ellos fue el concerniente al personal de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por el que la Audiencia ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Los otros atañen a las empresas públicas Autoridades Portuarias y Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve) y a la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). En todos ellos, la Audiencia mostró las mismas dudas que llevaron a los magistrados a poner en manos del Constitucional el primer caso.
Sin embargo, el de RTVA añade un nuevo factor, al tratarse de un organismo dependiente de una Administración autonómica. Ese fallo puede resultar especialmente significativo, por su paralelismo con el planteado por los sindicatos en el caso del recorte en ETB.
En los dos conflictos se trata de organismos dependientes de Administraciones autonómicas, lo que podría poner también bajo la lupa del Constitucional la aplicación y desarrollo del real decreto del Gobierno central realizados por las comunidades a través de sus propias disposiciones. De hecho, CC OO considera que la Audiencia ya ha elevado al Constitucional la normativa autonómica del recorte salarial del sector público.
El auto sobre RTVA resalta que es el carácter básico del real decreto del Gobierno central el fundamento de las disposiciones que adoptaron las otras administraciones para trasponer la rebaja salarial. Por tanto, entiende CC OO, los motivos de posible inconstitucionalidad de la norma de origen se trasladarían a todas las demás.
22.000 trabajadores
- El colectivo de los empleados públicos laborales lo integran en la comunidad autónoma un total de 22.488 personas, entre fijos y temporales, según las cifras publicadas en junio pasado por el Eustat y referidas a 2008.
- El ajuste salarial se les aplicó de modo idéntico al de los funcionarios, es decir, en porcentajes que oscilan entre el 0,98% para los salarios más bajos y el 5% para los más elevados.
- La mayoría de ellos -cerca de 16.000 personas- pertenecen a los organismos autónomos, entes y empresas públicas del Gobierno (8.838), las tres Diputaciones (2.888) y los Ayuntamientos (4.152).
- Un fallo judicial contrario a la aplicación del recorte supondría un considerable revés en términos económicos para las arcas públicas. El ahorro calculado en su día para el total del personal afectado ascendió a unos 100 millones de euros, aunque las cuentas todavía se hallan sin cerrar. El Ejecutivo espera ofrecerlas antes de fin de año.
