El Gobierno se juega en el Superior el recorte a los empleados públicos

El Gobierno tiene mañana, martes, en la Sala de lo Social del Tribunal Superior una cita tras la que recibirá la primera pista sobre sus posibilidades de salvar con éxito o no las demandas sindicales contra el recorte salarial aplicado a todo el sector público vasco, en cumplimiento del decreto de medidas de ajuste que dictó en mayo el Ejecutivo de Zapatero.

La vista se refiere a la demanda por conflicto colectivo presentada por cuatro sindicatos (ELA, LAB, CC OO y LKB) a causa de la aplicación de los recortes al personal de ETB. Su celebración y, previsiblemente, el fallo van a coincidir casi con el momento en que el personal público más va a notar la merma de sus ingresos: la paga de Navidad, sobre la que se calculó en junio un impacto del 30% de rebaja. La resolución del Superior podría ser de aplicación a todo el personal laboral, fijo o temporal, de las Administraciones vascas (Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos), lo que supone más de 22.000 trabajadores. Las centrales han empezado a tantear el terreno judicial con estos afectados, pero no renuncian a extender sus reclamaciones a la situación de los funcionarios, según cuál sea el resultado.

La demanda servirá de banco de pruebas para todo el personal laboral

El Ejecutivo puede salir victorioso si la Sala de lo Social da por buena la ley que traspuso a Euskadi el decreto de Zapatero, pero también existe la posibilidad de que el Superior opte por algo que ya ha hecho la Audiencia Nacional con demandas similares en los últimos meses: elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, como piden los sindicatos, por estimar que existen dudas suficientes de la vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, como también afirman las cuatro centrales demandantes.

El Gobierno conocía los riesgos cuando aprobó, en un consejo extraordinario celebrado a mediados de junio, el proyecto de ley de modificación de los Presupuestos a través del cual aplicaría el ajuste salarial a los empleados públicos, con el que preveía ahorrar unos 100 millones de euros. El Gabinete sabía que la consecuencia que más quebraderos de cabeza podía crearle era la ruptura que ello suponía de los acuerdos con los sindicatos ELA, CCOO y UGT alcanzados en otoño de 2009, por primera vez en una década. El Ejecutivo exhibió aquel pacto alcanzado por la consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendía, y la mayoría sindical en el sector como un gran logro, que las medidas de recorte de Zapatero se llevaron por delante en lo que a los compromisos salariales se refería.

La inconstitucionalidad de los ajustes salariales comprometería, a su vez, la constitucionalidad de los presupuestos de este año, que recogen los recortes a través de la modificación aprobada en aquel consejo. Y otro tanto ocurriría con los de 2011.

Los sindicatos denuncian la conculcación del derecho a la negociación colectiva, derivado de otro igualmente fundamental, el de libertad sindical, ambos contenidos en el Título I de la Constitución, y piden que se devuelvan las retenciones ya hechas.

En la cuestión de inconstitucionalidad ya planteada por la Audiencia Nacional para el caso de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el derecho sobre el que existen dudas es el derecho a la igualdad, ya que otras empresas del sector público estatal como AENA, Adif o Renfe, quedaron exentas de los recortes.

En el caso vasco no se da esa circunstancia, porque no ha habido excepción alguna, pero sí sería abordable desde el punto de vista de las relaciones laborales ya reguladas por convenio colectivo y modificadas después por el decreto ley del Gobierno central. Los decretos leyes no puede utilizarse si están en juego derechos fundamentales. Los artículos 28 y 37 de la Constitución protegen, respectivamente, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, "así como la fuerza vinculante de los convenios".

Contra ese derecho constitucionalmente protegido aducen los sindicatos que ha actuado el Gobierno al modificar las condiciones pactadas previamente.

La ley que respaldó el Parlamento para aplicar las medidas de ajuste en Euskadi dice expresamente en su Disposición Adicional Quinta: "Se suspenden parcialmente [para hacer posible la rebaja retributiva] todos los acuerdos firmados", no solo entre la Administración general y las centrales, sino también los de sus organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas.