La interventora de Mislata recibe otro castigo del alcalde

El pleno del Ayuntamiento de Mislata, en Valencia, aprobó ayer con los votos de los concejales del PP prorrogar la sanción a la interventora municipal, Herminia Llop, otros seis meses. La alta funcionaria denunció en julio del año pasado en un informe que una operación urbanística amparada por la alcaldía se habría saldado con el "enriquecimiento injusto" de la constructora Lubasa. En abril de este año, el Ayuntamiento, de manos del alcalde, Manuel Corredera, suspendió a Herminia Llop de empleo y decidió abrirle un expediente. El Gobierno local aclaró entonces que una cosa no tenía que ver con la otra, que la interventora "se obstinaba y entorpecía el trabajo del equipo de gobierno desde hacía ya dos o tres años".

El secretario del Ayuntamiento evitó dar explicaciones sobre el expediente

Todo el proceso nace de un informe en que se cuestiona el coste de obras

Ahora, seis meses después, el alcalde y su equipo han decidido prorrogar la sanción. En ese tiempo, uno de los concejales populares se ha encargado de la instrucción del expediente tomando de testimonio a sus propios compañeros de bancada. Es decir, que quienes tomaron parte en la elaboración del documento, luego -por ayer- también lo votaron.

A la salida del pleno, un grupo de interventores y secretarios, entre ellos los de Rocafort y Manises, criticaron el expediente. "Si hay informes de los concejales en el expediente, luego no deberían votar", exclamaba Juan José Saura, el interventor de Rocafort; "Además, es que el secretario de la Corporación da por legal un expediente a sabiendas de que no se han resuelto las alegaciones", añadió. Con esto, Saura criticaba lo siguiente: cuando el Ayuntamiento comunicó a Herminia Llop su decisión de volver a sancionarla, esta presentó alegaciones, 35 folios de alegaciones. Sin embargo, no hubo respuesta al escrito, pues el documento se elevó directamente al pleno de ayer. Esto, según los interventores ayer reunidos, constituye una irregularidad. "Además", apuntó Javier Biosca, interventor de Manises, "¿para qué te dejan alegar si no se tiene en cuenta?".

El debate político, por su parte, apenas demoró. Los socialistas y EU exigieron inútilmente una explicación al secretario, pues este evitó sus preguntas y posteriormente las de los periodistas. El Grupo Popular se limitó a recordar que el expediente iba al pleno porque "legalmente hay que hacerlo así". Vicente García, su portavoz, reconoció errores en la forma, aunque no en el fondo, "como en los grandes libros".

Este es, de momento, el último capítulo del caso de los aparcamientos de Mislata. El Gobierno local adjudicó la construcción de cuatro a Lubasa y luego la empresa, a la vista que no vendía las plazas de los tres primeros, pidió la rescisión del contrato dejando el socavón del último. La interventora, en un informe, advirtió de que podría existir "enriquecimiento injusto" de Lubasa en la liquidación.