Vinokúrov gana a la UCI

Un mensaje recorre las webs de ciclismo desde hace unos días dirigido a los corredores profesionales: "¿Te imaginas levantarte un día y ver que no existe la UCI? ¿Qué harías?". Alexander Vinokúrov ya ha tenido el privilegio de constatar la inexistencia, al menos parcial, del órgano internacional de gobierno del ciclismo. De disfrutar de ello y de ahorrarse más de un millón de euros, que era la sanción añadida a los dos años de suspensión que la UCI quería imponerle tras su positivo por una autotransfusión en el Tour de 2007. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó la pretensión de la UCI el 31 de agosto mediante un laudo declarado secreto al que ha tenido acceso EL PAÍS, que desmonta una de las grandes maniobras antidopaje de la UCI y que abre la puerta a las reclamaciones de otros ciclistas condenados al ostracismo después de haber cumplido una sanción, como el danés Michael Rasmussen.

En total, 620 corredores se han comprometido a pagar si son sancionados

El compromiso de los corredores por un nuevo ciclismo es el pomposo nombre de una carta que la UCI, a través de los sumisos equipos, obligó a firmar a los corredores en junio de 2007 so pena de no dejarles participar en el Tour. En ella, los ciclistas, entre otras disposiciones, se comprometían a entregar su salario neto de un año a la fundación antidopaje de la UCI en caso de resultar sancionados por dos años o más por un asunto de dopaje. En total, 620 corredores firmaron el compromiso, aunque algunos, como Rasmussen, o los españoles Horrillo y Freire, añadieron que pensaban que atentaba a su dignidad, que lo hacían por imperativo de su equipo y no porque estuvieran conformes. A pesar de todo, la UCI intentó aplicarlo y solicitó sus estipendios a todos a los que sancionaba. Algunos, como el italiano Cristiano Moreni, positivo también en el Tour de 2007, pagaron sin rechistar. Otros, como Vinokúrov o Rasmussen, apartado del mismo Tour por su equipo y sancionado posteriormente por un problema con su declaración de paradero, no. Y con razón, según el TAS, que ha zanjado tajante y denegado la petición de la UCI, que reclamaba a Vinokúrov el neto de su salario anual de 1,2 millones de euros como condición para devolverle la licencia después de haber cumplido su sanción de dos años en julio de 2009.

"Esa iniciativa [la carta compromiso], promovida 19 días antes del comienzo del Tour de 2007, constituye una operación de relaciones públicas con el objetivo de restaurar la credibilidad y la honestidad del ciclismo en general y del Tour en particular, y no tanto para crear una cláusula de penalización, legalmente vinculante, con cada corredor", se lee en el laudo, que también recuerda que el ciclismo vivía aún los efectos secundarios de la Operación Puerto, que el sino del Tour estaba en juego, que la UCI necesitaba calmar a la opinión pública. "La conclusión final es que la UCI carece de base legal para reclamar el pago de una contribución basándose en el compromiso de los corredores", termina el laudo, en el que también se critica que la UCI quisiera usar el compromiso para prolongar el periodo de suspensión de Vinokúrov.

De todas maneras, la UCI, consciente de la debilidad de sus pretensiones, introdujo en su reglamento antidopaje en 2009 el añadido de una sanción del 70% del salario anual bruto aplicable a las suspensiones de dos años o más. Esta medida también ha sido discutida por juristas y aún no ha sido validada por el TAS.