La 'receta Blasco', otra vez

Hay cosas que nunca cambian. La toma de posesión de Rafael Blasco como consejero es garantía de que, más pronto o más tarde, saltará un escándalo (o varios) relacionado con su gestión. La polémica -esto tampoco suele fallar- estará relacionada con adjudicaciones concedidas a empresas vinculadas, de una u otra forma, a personas relacionadas con su entorno. Y, además, entre las firmas beneficiarias de los fondos públicos o entre sus responsables no es extraño que aparezcan una y otra vez los mismos nombres.

El último de estos episodios, el presunto desvío de fondos a organizaciones afines a través de los fondos de cooperación, tiene todos estos ingredientes. Los ingredientes de la receta Blasco.

De nuevo, la pista lleva a un clásico de las polémicas del consejero: Augusto César Tauroni. Esta vez, eso sí, en segundo plano. Este ex socio de un hermano del consejero, Bernardo Blasco, fue protagonista de una polémica adjudicación de Bienestar Social en 2001 cuando Rafael Blasco dirigía este departamento. La firma de Tauroni, General de Comunicación y Servicios (GCS), se alzó con un concurso de atención telefónica a personas mayores por 99.716 euros mediante un proceso administrativo urgente -"una ficción", según denunció Eulen, competidora por el contrato-. CGS también obtuvo otra serie de contratos de Bienestar Social por más de 200.000 euros.

Otra de las empresas beneficiadas por el paso de Blasco por Bienestar Social fue Lonerson. Obtuvo un contrato junto a Tissat de 6,7 millones de euros para la gestión de los centros 24 horas. Lonerson aportó directivos que cotizaban en CGS para hacerse con el contrato. En otro concurso, junto a Asispa para la teleasistencia en situaciones de riesgo, usó la sede social, el teléfono y la web de CGS. La relación CGS-Lonerson quedó aún más patente cuando Consuelo Tauroni, hermana de Augusto César, se presentó como representante de Lonerson en la consejería.

El tinglado de ONG subvencionadas por Blasco ha devuelto a Lonerson a escena. El administrador de la firma desde 2005 es Adolfo Soler Sempere, a su vez, administrador de Dinamiz-e. Esta empresa se ha beneficiado de la trama al asesorar a ONG. Pero, además, Soler es vicepresidente de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, situada en el epicentro de la polémica.

Otro de los protagonistas que ha vuelto a primer plano a raíz del escándalo de la cooperación es Marc Llinares, actual jefe de área de cooperación. Llinares fue el sustituto que buscó Blasco en su paso fugaz por la Consejería de Sanidad (2006-2007) para Alfonso Jiménez, jefe del departamento de informática, cuando este le dio problemas. Jiménez plantó cara al consejero al oponerse a los criterios de adjudicación que le trataban de imponer en contra de la opinión de los técnicos. Finalmente, abandonó la consejería y Blasco puso en su lugar a Llinares. Entonces, poco antes de abandonar el departamento, Blasco aceleró varias adjudicaciones por valor de cinco millones de euros.

El episodio de Jiménez no es un caso aislado en la trayectoria de Blasco. Sin ir más lejos, en Solidaridad y Ciudadanía ha habido al menos cuatro bajas por defender posturas contrarias a las dictadas por la cúpula de la consejería. Entre ellas se encuentran dos directoras generales (Carmen Dolz y Pilar Collado), además de un jefe de área (Sergio Aguado) y una jefa de servicio (Teresa Clemente). En la dirección general, Blasco puso a Josep María Felip, el más fiel aliado del consejero. En lugar de Aguado, el elegido fue otro viejo conocido: Marc Llinares.