Alfageme dejó caducar 50 toneladas de conservas y materias primas

A la conservera Alfageme se le agota el tiempo. Cerrado el plazo de alegaciones al informe concursal, los propietarios buscan una nueva salida para la empresa y están a punto de cerrar la venta de su centro de producción en O Grove por unos cuatro millones y medio para aligerar los números rojos. Pero la decisión final de dar viabilidad al proyecto malogrado de la familia Lago, dueños del grupo inmobiliario Promalar, está ahora en manos de los principales acreedores, que además de Hacienda y la Seguridad Social son Caixanova y el Banco Popular.

Los administradores que pilotan la suspensión de pagos que tramita el Juzgado Mercantil de Pontevedra resumen lo que ha sucedido desde la venta de la empresa (2007) en su informe concursal: "La evolución de la sociedad, en términos económicos [...] revela una gestión muy deficiente. Las pérdidas se han multiplicado por tres sin que se observe una adaptación a unas cifras de ventas menguantes. En fin, tres años para olvidar de la larga historia de la compañía".

Fabricó grandes cantidades de envases de plástico que luego destruyó

En 2007 el ratio de solvencia (el principal criterio de liquidez de una empresa) en Alfageme era de 1,3, es decir, por cada euro de deuda tenía 1,3 euros para pagarla. En 2008 la proporción entre el activo y el pasivo se iguala y empeora peligrosamente en 2009, situando el ratio en el 0,69. La conservera no pudo hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, dejó de pagar a sus proveedores y a los empleados.

Las cosas se complicaron en un contexto de dejadez generalizada. Entre latas terminadas y materias primas (pescado, tomate, especies), el valor de las existencias disminuyó en 1,6 millones de euros entre 2009 y 2010. Una reciente denuncia presentada por el sindicato CIG para que el juez suspenda las facultades a los administradores detalla que Alfagememe fabricó grandes cantidades de productos que destruyó sin llegar a comercializar.

Fue el caso de la línea de envases de plástico Pis-Pas, de la que se destruyeron productos por valor de 160.000 euros. Su lanzamiento, en 2007, fue anunciado a bombo y platillo como una estrategia innovadora para entrar en "el mercado de la comida caliente". Ex directivos aseguraban que los recipientes aptos para microondas se distribuirían solo bajo pedido, el famoso just in time que funciona en Citroën o en Zara. No resultó.

Otros elaborados (tacos de salmón, ensaladas, empanadas refrigeradas, salchichas de pescado) fracasaron en el mercado al no estar respaldados por una mínima inversión publicitaria. La consecuencia fue una pérdida constante de existencias que estaban sobrevaloradas o no eran aptas para el mercado.

Este mismo año, en Ribadumia se llegaron a elaborar "5.740 kilos de anchoa, una tonelada de filete de caballa y 2.000 cajas de producto terminado que están a punto de caducar, si es que no lo han hecho ya", según consta en la denuncia de CIG. En la fábrica de conservas Miau de Vigo se destruyeron por caducidad otras 24 toneladas de atún y 20 de salmón. Apiladas en palés todavía quedan 40.000 cajas de latas que avanzan hacia el fin de su vida útil. Los ex trabajadores explican que el personal de las cámaras frigoríficas de Vigo fue enviado a casa con permiso retribuido. "Dejaron pudrir lo que había dentro por valor aproximado de 100.000 euros. Además, tuvieron luego que contratar a una empresa para que limpiase todo aquello".

La red comercial ha quedado muy dañada y será difícil recomponerla. Las marcas Miau, Eureka y Peña, que hace doce meses los expertos tasaban en 22 millones de euros, valen hoy la mitad, según los administradores concursales.

Además de una gestión muy deficiente, el simple planteamiento del grupo dio al traste con el negocio. Su viabilidad se basó desde un principio en la venta de terrenos improductivos (en Vigo y O Grove) con la consiguiente recalificación urbanística y la modernización de las fábricas, pero además, la compañía mostraba unas cargas financieras enormes. Sumaron a esto una nefasta gestión que les llevó a contratar en tres años a seis directores generales y otros tantos directores financieros. Con ellos llegaron fabulosos planes industriales que iban a salvar las cuentas, lo que los administradores designados por el juzgado califican en su informe de "sueños de grandeza".

Del documento se deduce que sólo gracias a las continuas ayudas públicas que recibió (la mayor parte a través de avales de la Xunta en la época del bipartito), Alfageme pudo mantenerse en pie pese a que su resultado de explotación cayó un 70% en tres años. El grupo Promalar también financió a la compañía con préstamos de 35 millones que fueron amortizados (9,6 millones) y generaron 11,8 millones de intereses que se convirtieron en capital.