La huelga pone en apuros a los consejeros del tripartito

Los consejeros del tripartito están en apuros por la huelga general del día 29 de septiembre. Exceptuando los del PSC -no respaldan la protesta-, los de ERC e ICV ven cómo su partido llama al paro y ellos están obligados a trabajar. Especial es el caso del titular de Interior, el ecosocialista Joan Saura, máximo responsable de la seguridad en Cataluña.

Un desliz de la portavoz parlamentaria de ICV, Dolors Camats, acentuó el dolor de cabeza de los consejeros. Tras anunciar que los diputados ecosocialistas harán huelga, se confundió al aclarar si Saura -también diputado- faltaría a su lugar de trabajo el 29-S.

Camats dio por hecho que Saura haría huelga -suscribió sus tareas como consejero a "servicios mínimos"-, algo que se apresuró a desmentir el partido. Fuentes de Presidencia aseguran que no se entendería que algún alto cargo de la Generalitat secundará el paro, aunque la cuestión no ha sido tratada en el Consell Executiu. Sí se ha hablado de la huelga en la habitual comida que los lunes reúne a Montilla con sus socios en el tripartito, Josep Lluís Carod Rovira y Joan Saura.

La responsabilidad que exige la presencia en el Gobierno ha torcido la ofensiva de ICV, decidida a hacer de la huelga general y el respaldo a los trabajadores uno de sus argumentos electorales. Esta estrategia topa con su obligación de gestionar la seguridad el 29-S. El mismo Joan Boada, secretario general de Interior, llamaba al paro el pasado 11 de septiembre durante una manifestación en Girona, pese a que es responsable de los Mossos d'Esquadra, que no tienen derecho a huelga.

Para los diputados ecosocialistas no habrá problema: el Parlament no tiene prevista actividad el 29 de septiembre, solo una semana antes de su disolución previa a unas elecciones. Para quienes sí secunden la huelga el grupo parlamentario solicitó ayer a la mesa que se les aplique el descuento preceptivo; si el Parlament no lo hace, piensan donar el importe a una ONG.

En el caso de Esquerra Republicana, tampoco sus diputados acudirán a la cámara y la sede del partido en la calle de Calàbria permanecerá cerrada.

Mientras tanto, el Departamento de Trabajo tiene previsto comenzar hoy una ronda de contactos con los convocantes de la huelga y las patronales para fijar los servicios mínimos. Los representantes de CC OO y UGT acudirán a la reunión con la idea de aplicar los servicios mínimos que se dictaron en la huelga del 20 de junio de 2002 y con los acuerdos sectoriales que se han alcanzado desde entonces. Estos servicios incluyen la presencia de, por lo menos, un profesor por centro educativo, el normal funcionamiento de los servicios de urgencias y unidades específicas de los hospitales y garantizar el 25% del servicio del transporte público en hora punta. La última palabra la tiene la Generalitat.