Una tradición ilegal

En Cádiz gusta jugar. Las autoridades lo atribuyen a una tradición, a una forma de pasatiempo implantada de forma natural entre sus vecinos. Un ratito distraído en el que se pueda ganar algo de dinero. El problema es cuando ese divertimento se convierte en una actividad ilegal, aunque sus participantes lo sigan viendo como algo normal, que ha estado ahí con ellos toda su vida.

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) denuncia que la provincia gaditana acapara el 28% del juego clandestino de toda España. Mueve anualmente dos millones de euros al margen de cualquier control. Esta queja no ha sorprendido a los cuerpos de seguridad que diariamente combaten esta actividad. Lo más difícil, reconocen, es concienciar a los que juegan de que lo que están haciendo está mal y lo persigue la ley.

Las causas solidarias no eximen de la infracción administrativa

Comienza a preocupar el aumento de timbas de póquer

"Los dos patitos, la niña bonita, el erótico". La veteranía de las jugadoras de lotería en la playa de La Caleta hace innecesario que el 22, el 15 o el 69 tengan que citarse en una partida de bingo sobre la arena. La tradición es tan grande que en algunas escuelas de español en Cádiz recomiendan a los alumnos aprender a contar jugando a la lotería, aunque los estudiantes tengan también que adquirir pronto los apodos de los números si no quieren perder siempre. Pocos saben en esta playa que si jugaran más de 20 céntimos por cartón en cada partida estarían incumpliendo la ley. El reglamento del bingo de Andalucía, aprobado en un decreto en 2008, establece que no se puede jugar sin autorización administrativa de la Junta salvo que se apuesten menos de 20 céntimos por partida y que la suma del importe de todas las partidas de ese día no supere el doble del salario mínimo interprofesional.

Las experimentadas jugadoras de lotería de La Caleta pueden estar tranquilas. Perseguir esta actividad en la playa, aunque podría hacerse, no está entre las prioridades de la Policía Autonómica, que es la que tiene competencias en esta materia. Lo que más se intenta controlar son los bingos ilegales montados por asociaciones, peñas, instituciones y particulares. Cuentan con toda una infraestructura, como pantallas de televisión, ordenadores o locutoras. En Cádiz sólo hay 16 bingos autorizados. Los demás son investigados. Si se demuestra que se excede la cantidad permitida, se procede a cerrar estos establecimientos. La multa mínima es de 30.000 euros.

El año pasado se cerraron seis bingos ilegales, entre ellos, el considerado más grande de España. Estaba en Conil. Llegaron a intervenirse 220.000 cartones y a decomisarse 1.700 euros en solo una sesión. En 2010 ya se ha cerrado un establecimiento. El problema es que muchas de estas medidas son impopulares porque algunas partidas las organizan colectivos con fines sociales. El reglamento establece que las causas solidarias no eximen de la infracción administrativa.

La ONCE ha mostrado estos días su indignación con otra práctica muy extendida en Cádiz. La venta de boletos ilegales. Muchos se asemejan a su tradicional cupón y les supone una competencia desleal, a la que atribuyen el descenso de ventas. "La Junta hace su trabajo pero los vendedores actúan bajo la desidia de ayuntamientos y policías locales", se queja el delegado territorial en Andalucía, Patricio Cárceles. La Policía Autonómica dice que hace lo que puede. El año pasado abrió 71 expedientes, en su mayor parte a vendedores. Las sanciones oscilan entre los 150 euros a los no reincidentes y los 30.000 euros a los organizadores. En 2010 ya se han firmado 48 expedientes. Uno de ellos a la Organización Impulsora de Discapacitados, la OID, que tiene sedes por toda España y mueve mucho dinero. El expediente abierto en Cádiz es de 45.000 euros.

La Policía explica que disolver las redes es muy difícil porque los organizadores son independientes y cada uno tiene su grupo de vendedores. No son grandes estructuras sino múltiples y pequeñas. Los investigadores creen que una manera de parar estas estadísticas sería fomentar campañas de concienciación.

No es tan tradicional pero también comienza a preocupar el aumento de timbas de póquer. También están prohibidas. Incluso si se juega en domicilios privados, como mero pasatiempo, pero la apuesta económica es elevada. La última actuación de los agentes autonómicos fue en un pub de El Puerto de Santa María. Allí se hacían campeonatos y cobraban cuotas para participar. Otros locales ya han sido avisados. Lo que se quiere evitar es el nacimiento de una nueva costumbre gaditana.