La vigilancia privada gana terreno ante la escalada de robos en el campo

José María Quejo, un agricultor de Dos Hermanas (Sevilla), interpuso ayer la enésima denuncia por robos en su finca. A la vuelta de unos días de vacaciones ha comprobado cómo los ladrones se habían llevado, tras romper la alambrada, parte de su cosecha de almendras y habían arrasado unos 300 metros cuadrados de cabezas de girasol. "Esto ya no tiene solución", explicaba, desolado, este cultivador, desconfiado del éxito que tendrá la denuncia presentada ante la Guardia Civil.

Las organizaciones agrarias aseguran que los robos en el campo andaluz han vuelto a dispararse en el verano. Solo en Sevilla, Asaja recibe unas 70 denuncias al mes, aunque se estima que los agricultores apenas denuncian el 10% de los hurtos. Y no solo se llevan cosechas. Transformadores eléctricos, tubos de cobre y acero utilizados para el riego, maquinaria agrícola y hasta cabezas de ganado son el botín más valioso. Los sindicatos agrarios han pedido a la Delegación del Gobierno que se incremente la vigilancia en las explotaciones agrarias y a mantener la presión sobre las chatarrerías y los puntos de compra de este material robado. En Jaén, los agricultores ya planean seguir los pasos de sus colegas Cádiz y establecer vigilancia privada por su cuenta.

Los hurtos quedan impunes al tramitarse como simples faltas

Unos 300 agricultores de Cádiz están agrupados en una asociación de guardería y seguridad agraria, Agasa, que cuenta con 37 guardas privados para la vigilancia de sus fincas. La asociación tuvo su origen a principios de la década de los noventa, también por la escalada de hurtos derivada de otra crisis económica.

Los dueños de las fincas pagan unos tres euros por hectárea y año para sufragar las tareas de vigilancia, que llevan a cabo operarios que cumplen una función similar a la de los antiguos guardas de las cámaras agrarias. También en El Puerto de Santa María, un grupo de agricultores permaneció cuatro años constituyendo patrullas nocturnas para evitar robos.

La patronal agraria Asaja cree que estas patrullas serán inevitables en cualquier provincia si no se aumenta la vigilancia en el medio rural. En Jaén, que fue donde más subieron los robos contra el patrimonio el pasado año, Asaja advierte que, de llegarse a crear este servicio, los agricultores plantearán a la Administración la exención de cierto tipo de impuestos para poder hacer frente a los costos de la vigilancia privada, por entender que es una competencia atribuible al Estado. En esta provincia, se detuvo en abril a 32 personas por robos en el campo, pero las organizaciones agrarias piden que se endurezcan las penas porque muchos hurtos quedan impunes al tramitarse como simples faltas.