"El Estado está perdiendo la batalla contra la corrupción"

Hace ahora tres años, el juez Miguel Ángel Torres concluyó el sumario del caso Malaya, una de las mayores redes de corrupción urbanística destapadas en España, que se tejió en torno al Ayuntamiento de Marbella. El caso tuvo una enorme repercusión social por el número de procesados (86) y por la identidad de algunos de ellos, como la tonadillera Isabel Pantoja y su pareja de entonces, el ex alcalde Julián Muñoz. El juez cambió de destino tras dictar auto de procesamiento y desde mediados de 2007 está en un juzgado penal de Granada. Ayer viajó a Barcelona para participar en un curso organizado por la Universidad Pompeu Fabra y por la Oficina Antifraude de Cataluña, que dirige el ex fiscal Anticorrupción David Martínez Madero.

"La instrucción debería ser más corta. No puede durar una década"

"No me siento ni representado ni defendido por el Poder Judicial"

Pregunta. Algunos jueces de instrucción se lamentan de que les faltan medios para luchar contra la corrupción, pero ¿no se trata de un mal común en los países de nuestro entorno?

Respuesta. Sí, pero esa insuficiencia de medios es todavía más preocupante en España. Los delincuentes y sus organizaciones están en una situación de absoluta ventaja respecto a los medios del Estado. Hacen falta más medios, personales, materiales y normativos, porque en ocasiones el juez tiene la sensación de que le toca inventar el proceso con escasas herramientas. El Estado está claramente en desventaja para combatir la delincuencia organizada y esos grupos cada vez avanzan más.

P. ¿El Estado está perdiendo la batalla contra la corrupción?

R. Sin duda. Que se hagan de vez en cuando algunas operaciones no quiere decir que se esté combatiendo más la corrupción. Es que cada vez hay más casos y muchísimos de ellos no afloran.

P. ¿Qué debería hacerse para ganar la batalla?

R. Hacen falta juzgados especializados en corrupción y crimen organizado. Y unidades policiales que de verdad estén al servicio de jueces y fiscales. Más medios materiales y mayor respaldo a las actuaciones judiciales y policiales.

P. ¿Empezando quizás por la mayoría de los partidos políticos, que se lamentan cuando sus militantes son los investigados?

R. Sí. Todos los partidos se quejan y critican las decisiones judiciales si les toca a ellos. Y cuando hay cambio de Gobierno pasa lo contrario. En algunos casos los partidos pueden ser un problema si sus intereses no responden al interés democrático. Me parece que en España hay una superación de la democracia por la partitocracia y se hace más política de partido que de Estado. La justicia es un campo de lucha política y se debería respetar más a los jueces.

P. Las actuaciones de algunos jueces no ayudan a mejorar ese prestigio que reclama.

R. Puede ser. Los jueces tenemos una parte de culpa de lo que nos ocurre porque en muchos casos no hemos asumido nuestra posición constitucional e institucional. Lo que no puede ser es que todas las decisiones judiciales se analicen siempre intentando situar al juez en una u otra tendencia política.

P. ¿Cuando habla de cambios normativos quiere decir que no basta con reformar el Código Penal?

R. Exacto. Lo que no puede ser es que en España dure una década la instrucción de un caso. Debería ser más abreviada y que de verdad se debatieran las cuestiones en el juicio. Y es imprescindible una regulación de todos los instrumentos de investigación que limitan derechos fundamentales. Hablo de las intervenciones telefónicas, las entradas y registros, la recogida de las piezas e instrumentos de convicción. No puede ser que todo eso esté sin regular.

P. ¿Se siente representado por el Consejo General del Poder Judicial?

R. Una de las funciones del Consejo debería ser representar y defender a los jueces y yo no me siento ni representado ni defendido.

P. Cuando investigó el caso Malaya estando en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella se dijo de todo por determinadas decisiones que adoptó. ¿Cómo lo vivió?

R. Me sentí poco amparado. Tenía la sensación de que las decisiones que tomaba se veían desde un punto de vista político y podían gustar más o menos a un sector o a otro del Consejo.