Valencia pagará 2,8 millones más a la familia Cotino por una negligencia

El Ayuntamiento de Valencia, que dirige Rita Barberá, del PP, deberá pagar 2,8 millones de euros de más por un terreno que expropió a una empresa de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino. Así lo explicó ayer el concejal socialista Juan Ferrer, quien comentó que "está claro que se trata de una negligencia" del gobierno local y que estudiará llevar el caso a la fiscalía.

El consistorio inició un proceso de expropiación en 1998 para hacerse con el suelo necesario para construir el Parque de Cabecera. Precisaba de 30 hectáreas de huerta del entorno del barrio de Campanar, que estaban divididas en 140 parcelas y preparó 7,3 millones de euros (1.200 millones de las antiguas pesetas) para pagarlas. Una de ellas pertenecía a Alquería Dolores, SL, firma administrada por Vicente Cotino Ferrer, hermano del también consejero de Medio Ambiente. El Ayuntamiento, en la expropiación, valoró el suelo de los Cotino, clasificado como rural, en 148.000 euros. El Jurado Provincial de Expropiaciones elevó esta estimación, en 2005, hasta los 687.000. El tiempo pasaba y así como los otros propietarios recibían su dinero, los Cotino no. Solo otros dos, las familias Trénor y Benlloch, quedaron en la misma situación que la del vicepresidente del Consell: no cobraban.

Los sobrecostes en el Parque de Cabecera alcanzan los cuatro millones

En mayo del año pasado, Alquería Dolores, SL, se acogió a la Ley de Expropiación Forzosa y pidió la retasación de su parcela, de unos 13.600 metros cuadrados de extensión. El Jurado de Expropiaciones, tras valorarlo, estimó que el suelo ya no era rural sino urbanizado y tasó el terreno en 3.517.723 euros, 2,8 millones más de la cantidad dada en 2005. Las otras dos familias, Trénor y Benlloch, que también pidieron la retasación, han conseguido que el Jurado eleve sus valoraciones hasta 1,5 millones de euros, 1,3 millones más de la estimación inicial. En total, el Ayuntamiento de Valencia, que va a recurrir las sentencias del Jurado, deberá enfrentar un sobrecoste de más de cuatro millones de euros. Todo por retrasarse.

El concejal Juan Ferrer, que ha criticado al gobierno local por negarse a investigar los hechos, ve poco probable que la impugnación del consistorio cambie las cosas. José Luis Martínez Morales, letrado experto en temas de urbanismo, concreta que "si el suelo está urbanizado en el momento de la retasación, la valoración debe atender esta tipología y no otra", como suelo rural.

Ferrer advirtió además de que "si no se paga a los propietarios antes de seis meses, [estas cantidades de dinero] empezarán a devengar intereses" por lo que el sobrecoste continuará creciendo.

El caso de las expropiaciones del Parque de Cabecera ha demostrado también que el Ayuntamiento es consciente de su nivel de endeudamiento desde hace meses pese a obviarlo. El pasado marzo, el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, aseguró que el consistorio no estaba tan endeudado como para tener que pedir permiso a la Generalitat para pedir más préstamos. En cambio, el interventor municipal, en el expediente de expropiación de la familia Cotino, explicaba que si se les quería pagar haría falta pedir un crédito, operación "supeditada a la autorización previa de la Consejería de Economía".