El renacimiento de la PAC

La Política Agrícola Común (PAC) ha constituido en el último medio siglo uno de los ejes para el mantenimiento de la actividad del sector agrario y el mundo rural de acuerdo con unos fondos anuales que hoy superan los 55.000 millones de euros. La PAC ha sobrevivido, en las últimas dos décadas, aunque malherida, a importantes reformas y, en la actualidad, se enfrenta a nuevos interrogantes sobre su futuro ante las disponibilidades financieras que se asignen a la misma a partir de 2013.

Bruselas tiene abierta una consulta pública hasta el mes de julio para recoger ideas sobre la necesidad y el futuro de la misma antes de elaborar un documento oficial de propuesta de reforma. En la actualidad todo hace indicar que la PAC seguirá después de 2013, pero con una nueva redistribución de las ayudas entre países y sectores.

Desaparecerá de forma progresiva el pago de ayudas por derechos históricos

Hoy, el 85% de los pagos los reciben solo nueve países, entre ellos España

Desde la perspectiva española, como el segundo país que más ayudas recibe después de Francia, la PAC del futuro vendrá con rebajas. "No podemos cerrar los ojos a la nueva situación que se puede presentar a partir de 2013. Existe el riesgo de que se puedan producir ajustes o qeu los mismos fondos se deban repartir entre más países y más beneficiarios. En ese escenario, se imponen medidas que no perjudiquen los intereses de los profesionales: recortes por la parte más alta y apoyar fundamentalmente la actividad de los profesionales y la agricultura productiva", señala Javier Alejandre, responsable de los servicios técnicos de UPA.

España recibió en el último ejercicio un total de 7.412 millones de los que 6.203 millones fueron vía el Fondo de Garantía Agraria. De esas cifra, los apoyos directos a la producción se acercaron a los 5.000 millones de euros. Para desarrollo rural se recibieron otros 1.208 millones.

Frente a diferentes voces que se han alzado en los últimos tiempos en el seno comunitario contra la PAC, España ha desarrollado un trabajo importante durante la presidencia para defender el futuro de la misma, tanto ante los responsables de la comisión como ante los demás países miembros. La Administración española es firme partidaria de su mantenimiento e incluso de su reforzamiento. Para el secretario de Estado de Agricultura Josep Puxeu, la PAC es una política clave para el mantenimiento de la actividad agraria, para la creación de empleo, la sostenibilidad del territorio y para proporcionar una oferta alimentaria suficiente en volumen y en calidad y seguridad para los consumidores.

La Administración española propugna el desarrollo de una política de modernización del sector para lograr unas producciones más competitivas en el conjunto de la economía mundial. Pero se entiende que esa mejora de los procesos productivos no puede suponer eliminar los actuales niveles de ayudas directas que hoy suponen en la UE el 25% de los ingresos medios de una explotación y que en España llegan casi al 30%.

Para los responsables del ministerio, a los agricultores y ganaderos comunitarios se les exigen una serie de condiciones en materia de controles de producción, seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente o bienestar animal que suponen unos mayores costes y que no existen en terceros países competidores. Además, no se puede olvidar que una parte de las ayudas directas que hoy percibe el agricultor comunitario no son apoyos caídos del cielo, sino una compensación parcial por la bajada de los precios oficiales. En 1986, un kilo de cebada se elevaba a 0,15 euros frente a los 0,11 euros que tuvo esta campaña.

En las perspectivas financieras para después de 2013, en el mejor de los casos, se podrían mantener los actuales niveles globales de apoyo, salvo que la crisis dé lugar igualmente a recortes en este presupuesto comunitario. Este mantenimiento de las ayudas será la primera razón por la que se deberá aplicar una redistribución de los fondos. En este momento, el 85% de los gastos de la PAC los ingresan sólo nueve países. Mientras en algunos nuevos socios las ayudas no llegan a los 100 euros por hectárea, en otros superan una media de 300 euros, con pagos en algunos cultivos superiores a los 2.000 euros por hectárea.

En la próxima reforma, Bruselas deberá decidir los criterios para proceder a esa redistribución de los recursos. En la actualidad, la política de pagos directos se basa en derechos históricos en función de rendimientos o número de cabezas, tanto en las producciones agrícolas más importantes como en las cabañas de ovino o vacuno. Para el futuro está por debatir esa fórmula. Pero, lo que es seguro, es que los actuales criterios históricos para fijar ayudas se van a eliminar, aunque sea de una forma progresiva desde 2013. En su lugar, una posibilidad es la fijación de una tarifa plana, una ayuda para todos igual por hectárea, cultivo o cabeza de ganado, ayuda básica complementada por diferentes conceptos variables como su ubicación en el territorio, tamaño o compromiso medioambiental.

En ese nuevo escenario, la meta del sector sería establecer un sistema por el que no se perjudicara a los profesionales del sector, menos de 300.000, frente a los 900.000 que reciben ayudas. En esa línea, hay sobre la mesa tres medidas complementarias: mantener el apoyo a los que viven directamente de la actividad; aplicar recortes al colectivo de 450.000 perceptores con menos de 1.250 euros de ayuda, y ajustar los pagos en los cobros más altos de personas físicas.