En la buena dirección
Hay muchos motivos para la preocupación, pero cuando también los hay para asumir la realidad con decisiones correctas, es insoportable negarlo por razones partidistas.
El Consejo Europeo no ha impuesto nada a España o a Portugal. O a Irlanda o a Italia. Más bien ha actuado, el viernes pasado, urgido por España y los demás, para la creación del fondo de 750.000 millones de euros, con la clara intención de que los mercados sepan que hay una política del euro que no será fácil someter con movimientos especulativos bastantes disparatados.
No es todo lo que hay que hacer, pero es clave que se haya hecho. Y el Gobierno español también lo ha hecho bien en los tiempos de las decisiones a adoptar en este caso. Si no hay mala intención o ceguera voluntaria, en estos agitados días lo lógico y lo razonable era esta agenda.
La UE, presidida por España, ha dado el paso necesario, y en momento oportuno, para defender el euro
Potenciar un euroislam ilustrado es el seguro contra afanes segregadores
Si en plena tormenta se hubieran complementado las medidas de ajuste, por ejemplo la semana pasada, antes de tener disponible el fondo de estabilización, probablemente las medidas habrían sido de mucho menor efecto que planteándolas a continuación.
¿No podríamos reconocer que con este calendario es mucho más probable que tengan efecto? ¿Tanto cuesta ver lo que tiene sentido común en esta coyuntura tan cargada de irracionalidad?
Por lo demás, éste es el primer paso, de gran importancia sin duda, para que la Unión sea Económica y Monetaria, y no sólo Monetaria. El Tratado se aprobó así, aunque sólo se desarrollara la dimensión monetaria. Hace 12 años -y no era la primera vez- ya hubo análisis sobre los posibles choques asimétricos en caso de crisis financiera, como consecuencia de las divergencias en las políticas económicas. Eso es lo que estamos viviendo y es lo que hay que corregir, con reformas estructurales que nos permitan ganar competitividad y equilibrar nuestras balanzas de pago.
Por eso, el informe que presentamos el pasado día 8, sobre el futuro de la Unión Europea, pedía que se mantuviera con rigor el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como condición necesaria para el funcionamiento de la zona euro, pero añadía que, para que se dieran las condiciones suficientes, había que introducir gobernanza económica, con mecanismos de vigilancia y control, obligatorios, porque son los mismos responsables del Consejo Europeo -los 27 jefes de Estado y de Gobierno- los que se lo autoimponen. ¿O queremos seguir con el Método Abierto de Cooperación que no dio resultados?
Así que bienvenida la presentación del plan complementario de austeridad en el día previsto, sin pegas banales, sin pretendidas imposiciones de unos sobre otros. La Unión Europea se hace responsable de sí misma. Y en la Unión cada uno de nosotros tiene que hacer lo que le corresponde.
Todavía quedan bastantes cosas por hacer a nivel de la Unión Europea para superar esta fase crítica. El sistema financiero y los actores que lo acompañan, que nos ha llevado a esta catástrofe, tiene que ser regulado y controlado. La paradoja se hace cada vez más chocante para todos: por sus errores nos llevaron a las operaciones de rescate y ahora atacan a los gobiernos por los desequilibrios que este rescate provocó.
Hay que cambiar el funcionamiento de estas instituciones, de estos fondos sin control, de estas figuras llenas de humo y mentira. Hay que hacerlo ya, incluso para dar tiempo a que cambien las prácticas que han deteriorado al sistema, pero, y sobre todo, para salvar al sistema de sí mismo, de su voracidad y desmesura. Vamos con retraso. Como no los regulamos, terminan por regularnos ellos, a su capricho especulativo y con costes insoportables.
En conclusión: necesitamos gobernanza económica para evitar las divergencias insostenibles y ganar competitividad; necesitamos reformar el sistema financiero, pactarlo con Obama y llevarlo al G-20. Han sido los países del mundo desarrollado los responsables y ahora deben ser los que propongan soluciones.
Felipe González es ex presidente del Gobierno español.
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