El Gobierno se ve incapaz de actuar en el Guggenheim por el bloqueo de Vizcaya
El informe de Cultura entiende que se puede intervenir contra Vidarte
La voluntad del Gobierno vasco de intervenir en los órganos de gestión del Museo Guggenheim Bilbao choca contra el muro que la Diputación de Vizcaya ha levantado para proteger las actuaciones de los responsables políticos y de su director general, Juan Ignacio Vidarte. El informe jurídico encargado por el Departamento de Cultura plantea la posibilidad de que la Sociedad Tenedora, integrada a partes iguales por el Gobierno y la Diputación para la compra de obras de arte, solicite la anulación de las operaciones de compra de divisas, en las que se registraron pérdidas de más de ocho millones de euros, y emprenda acciones contra Vidarte por entender que no contaba con atribuciones para realizarlas. Ayer, la consejera de Cultura, Blanca Urgell, reconoció ante la comisión de Cultura del Parlamento, sin embargo, que no puede hacer nada. "Estamos al 50%
"El 50% de la Tenedora no tiene confianza en el gestor", dice Urgell
El PNV reprocha a la consejera que sólo busca enturbiar la gestión del museo
[en el consejo de Administración de la Tenedora]. Hemos intentado que la Diputación compartiera parte de los términos. No lo hemos conseguido".
Urgell calificó la situación de impasse. En su comparecencia, leyó un resumen detallado del informe jurídico sobre los contratos de adquisición de divisas y los poderes de Vidarte, entre otros temas. Acabó señalando que el dictamen ratifica las irregularidades detectadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y la comisión de investigación parlamentaria. "Están remachando sobre el mismo clavo entidades públicas de toda solvencia y, sin embargo, no podemos llevar a cabo ningún tipo de actuación para preservar los recursos públicos y pedir responsabilidades sobre su deficiente gestión porque no encontramos colaboración de la otra mitad de la propiedad, de la Diputación de Vizcaya".
Urgell reiteró la necesidad de desbloquear la relación para analizar en el seno de la Tenedora si hay manera de recuperar el dinero perdido. Respecto a las responsabilidades de Vidarte fue clara: "El 50% de la Tenedora no tiene confianza en el gestor". Urgell defendió que la gestión económica del Guggenheim se desacredita por sí misma. "Como mínimo pedimos que reflexionemos si conviene seguir manteniendo la confianza en el gestor. La Diputación no ha dado opción", explicó.
La consejera considera que ahora el Parlamento debe buscar salidas a la situación. "Es un diálogo de sordos", dijo. Encontró el apoyo de socialistas, populares y el de UPyD, que le animaron a seguir adelante frente "al boicot", en palabras de Carmelo Barrio (PP), de la Diputación. El PNV le respondió con duros reproches. La portavoz peneuvista, Leyre Corrales, le acusó de "fabricar" un informe para desacreditar al TVCP y al Guggenheim, y continuar con el hostigamiento y la persecución a Vidarte. "Sólo transmite lo negativo del Guggenheim", añadió. "Admita el peso que tiene en la Sociedad Tenedora". Corrales entró en el ataque personal al asegurar que Urgell accedió al cargo para enturbiar la gestión del Guggenheim y está siendo "utilizada como ariete" contra el museo. "Sobrevive políticamente a costa de dar la nota sobre el Museo Guggenheim", añadió.
Por el momento, el informe jurídico encargado por el Gobierno sólo será material de estudio para los auditores encargados de revisar las cuentas del Guggenheim. Cultura remitirá el estudio, realizado por el despacho de abogados Ramón y Cajal, a la empresa que realiza la auditoría externa para que "considere la posibilidad de revisar las cuentas anteriores" a la luz de los datos técnicos que aporta.
El dictamen llegó a manos de la Diputación vizcaína el pasado 15 de marzo, en una reunión del consejo de la Tenedora. Entonces anunciaron a los representantes del Gobierno vasco su intención de encargar otro informe. El despacho de abogados Pérez-Llorca ha elaborado un estudió que presenta conclusiones opuestas al anterior: entiende que las operaciones de compra de divisas entraban dentro de las funciones de apoderado de Vidarte y constituyen "una administración diligente" a pesar de las pérdidas que generaron.
Estudios opuestos
- Cultura encargó el estudio legal después de que la Diputación de Vizcaya impidiera que fuera la propia Sociedad Tenedora la que lo impulsara. Fue realizado por el despacho Ramón y Cajal, con un coste de 34.800 euros.
- Vizcaya respondió con la petición de otro dictamen al bufete de abogados Pérez-Llorca, por el que ha pagado 18.000 euros.
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