Los resbalones de Asuntos Internos

La doctrina del fruto del árbol envenenado, aquella por la que si el árbol se corrompe entonces cualquier fruto que se obtiene de él también está podrido, no se le va a olvidar fácilmente a los agentes de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía. Al menos a aquellos que investigaron entre 2005 y 2006 a los mandos de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol Valentín Bahut y Alfredo Marijuán.

Después de meses de investigación, de numerosos oficios pidiendo al juez instructor la prórroga de las intervenciones telefónicas y de defender su trabajo durante el juicio, celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, el Tribunal Supremo ha anulado la condena de 18 meses de prisión impuesta a los agentes porque las pruebas que presentaron contra ellos estaban viciadas desde el principio.

En otro caso, un testigo denunció a dos agentes por intento de extorsión

Los agentes de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía se han llevado una seria reprimenda porque no presentaron ante el juez instructor -y este tampoco los exigió "como debiera haber hecho"- una mínima comprobación de las acusaciones por las que comenzaron a investigarles y por las que estuvieron 14 meses escuchando sus conversaciones telefónicas.

Según fuentes policiales, se trata del grupo dirigido por Carlos G., el mismo que investigó el supuesto chivatazo a ETA, cuyas conclusiones apuntan como autores a cargos policiales tomando como base únicamente el cruce de llamadas telefónicas cuyo contenido ignoran.

Los delitos por los que juzgaron a los mandos policiales no tienen nada que ver, "ni remotamente", con las acusaciones por las que se abrió la investigación, explica el fallo judicial, que considera nulas las escuchas telefónicas y absuelve a los mandos antimafia. Les acusaban de pertenecer a una red de extorsión a locales de Málaga, y se sentaron en el banquillo por ayudar a escapar a un confidente que tenía una orden de detención por narcotráfico pendiente.

El Supremo incide en que los indicios de que los mandos participaban en una organización criminal "estructurada" son "inexistentes" y saca los colores a los agentes de Asuntos Internos en cuanto a su capacidad de conseguir información. Destaca, por ejemplo, que no fueron capaces de aportar el nombre o la importancia de las personas que espiaban en sus seguimientos o el hecho de que ni siquiera se hubieran molestado en averiguar el patrimonio de los supuestos sospechosos de blanqueo de capitales, algo básico en este tipo de casos. Estos elementos no fueron "lógicamente suficientes para quebrar el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, sean estos policías o delincuentes comunes", explica la sentencia de alto tribunal.

El fruto envenenado, doctrina de derecho que comenzó a utilizarse en Estados Unidos en 1920, corre el riesgo de poder aplicarse en otras investigaciones hechas por Asuntos Internos y que también atañen a mandos de la Udyco Costa del Sol.

El juzgado número 2 de Marbella (Málaga) está investigando desde julio de 2007 una denuncia por chantaje contra dos policías de Asuntos Internos por un supuesto delito de extorsión a un testigo. Según el denunciante, un empresario de locales nocturnos de Marbella, los policías le ofrecieron destruir una grabación de vídeo que le comprometía a cambio de que les diese información sobre el inspector jefe Carlos Farré. El testigo no accedió al trato y les denunció aportando un disco compacto con las imágenes con las que supuestamente intentaron coaccionarlo.

Meses después, en marzo de 2008, Asuntos Internos detuvo al inspector jefe Carlos Farré, junto a otros tres mandos entre los que también está Alfredo Marijuán, por otro caso de corrupción policial. Declararon ante el juez con un rosario de cargos que han disminuido notablemente.

Los agentes, suspendidos de empleo y sueldo desde entonces, fueron acusados de vender información a ciudadanos rusos, trabajar como detectives privados o robar bienes incautados en los registros, entre otras acusaciones. Farré y Marijuán fueron a prisión preventiva tras su detención y tendrán que sentarse en el banquillo, mientras que los otros dos agentes -Isaías Pacheco y Eusebio Vázquez- han visto como sus acusaciones, relacionadas con un registro ilegal, se han archivado.