Decepción y satisfacción

Visto desde la barrera, el proceso hacia el pacto territorial produce cierta decepción. Aunque seguramente la ley ha sido mejorada en el trámite parlamentario, esta modificación puede parecer una mera fórmula para legalizar infracciones, permitir excepciones en suelos protegidos o ampliar la superficie edificable de los núcleos rurales. ¿De verdad son estos los problemas más urgentes del urbanismo gallego?

Las sucesivas modificaciones de la ley del suelo -con ésta, cinco en los últimos siete años- entorpecen la redacción de planes generales, pues hay que adaptarse continuamente a un marco legislativo cambiante. Muchos ayuntamientos, al mismo tiempo que reclaman autonomía municipal, no quieren acometer la tarea de redactar y gestionar un plan general. Por eso prefieren que la Xunta vaya sustituyendo el planeamiento por leyes con vocación delimitadora y clasificadora del suelo y les evite así tener que enfrentarse con sus vecinos, porque en el fondo se entiende que el urbanismo es una cuestión aleatoria sin base técnica.

Lo más importante es promover la pedagogía para crear opinión sobre el territorio

Por otro lado, las legalizaciones plantean un tema de calado. Da la sensación de que mientras los planes municipales y las leyes que emanan del Parlamento van por un lado, una parte del país va por otro. Me refiero tanto a las estadísticas de naves y viviendas unifamiliares ilegales o clandestinas que han salido a la luz estos días, y las que habrá sin contabilizar, como a las infracciones en grandes ciudades, en muchos casos con sentencias firmes de derribo. Para legalizar es necesario analizar caso por caso, y eso lo hace mejor el plan general que una ley, y preguntarse si esas ilegalidades se deben a una insuficiencia real de suelo o si parten del principio de ti vai facendo. A pesar de la obligación de urbanizar en el caso de las naves, cada legalización crea sobre el entorno tensiones que generan nuevas expectativas de dispersión. Se diría que estamos ante un proceso imparable. Por lo demás, ¿es ésta la última legalización o solo la penúltima?

No quiero decir que en un momento concreto no haya que promover este tipo de leyes, siempre que vayan acompañadas del compromiso -y ahí está el sentido real del pacto- de dotar a cada ayuntamiento en un plazo de cinco años, gobierne PP, PSOE o BNG, de un plan general sensato y de los recursos técnicos y humanos que le permitan gestionarlo y ejercer la disciplina urbanística. Pero lo más importante es promover la pedagogía para crear opinión sobre el territorio, tarea que corresponde principalmente a los partidos políticos con sus alcaldes y concejales. Si esto se hace, todos saldremos ganando y, sobre todo, permitirá sentar las bases de una ley buena y definitiva para acabar con la transitoriedad. El porqué del pacto no es solamente preservar el territorio, sino serenar su ordenación, con más planes y menos leyes para que, aunque haya una alternancia de gobierno, el mínimo común múltiplo se mantenga.

La satisfacción se produjo el 11 de marzo, con el apoyo unánime a la propuesta de crear una fundación que acoja el legado de Díaz Pardo. Digna culminación de una trayectoria marcada por la ética y el compromiso de quien hizo de su biografía un ejercicio permanente de entrega a la causa de Galicia. Sólo desde esa perspectiva cabe interpretar las múltiples vertientes de la actividad de Díaz Pardo como emprendedor, diseñador, editor, artista, escritor y promotor de la cultura en todas sus facetas. Los fondos valiosísimos que, como albacea de una generación de intelectuales y artistas ligada al exilio, reunió en el Instituto Galego de Información son patrimonio histórico de los gallegos, por eso la responsabilidad de su custodia excede la esfera individual, incluso la de una persona de su talla.

Cuando vi salir los fondos del IGI, además del dolor inmediato que suscitaba la imagen del hombre, me pregunté si ninguna autoridad, compostelana o gallega, saldría al paso para darle una solución. Y ese paso lo ha dado, como no podía ser menos, el Parlamento.

El Parlamento es debate y controversia, pero hay circunstancias en las que el acuerdo se impone, cosa, por cierto, que los electores deberíamos exigir en los comicios: díganme en qué se van a poner ustedes de acuerdo, y no sólo en lo que discrepan. Sin acuerdo, como estamos viendo en esta situación de crisis, la solución es más difícil.