La enmienda de la discordia
El 16 de febrero, al límite del plazo, el PSOE presentó una enmienda para modificar el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. La enmienda se presentó en el marco de un proyecto de ley que cambia, además, la Ley de Auditorías y la Ley del Mercado de Valores, ambas de 1988. Teóricamente, y en contra de lo que ha sido habitual, la enmienda se adelanta a lo que puede exigir Bruselas en el futuro. La enmienda dice así: "En ningún caso podrán los estatutos sociales limitar el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo, siendo nulas de pleno derecho las cláusulas estatutarias en que, directa o indirectamente se establezca dicha limitación". Es un cambio en las reglas del juego, como destacó esta semana el presidente de Repsol.
La enmienda, de ser aprobada, aumentará el valor de las acciones de Sacyr y ACS en Repsol y en Iberdrola. Puede haber más interesados en pagar más dinero para llegar a controlar sociedades sin necesidad de lanzar una OPA. En opinión de las empresas más afectadas, es una forma de desproteger aún más el tejido empresarial español que, desde 2005 (ver cuadro), ha visto pasar a manos extranjeras grandes compañías en operaciones por importe de más de 100.000 millones.
Desde el PSOE se apela a la necesidad de desmontar "blindajes" de directivos y en obedecer a Bruselas. Pero el debate no está cerrado. De hecho, Alemania e Italia, que eliminaron limitaciones en 1998 y 2001, son excepciones en Europa. Y en 2007, el entonces comisario de Mercado Interior, Charles Mc Creevy, zanjó el asunto al asegurar que la UE no necesitaba medidas en ese sentido.
