El PGOU de Marbella deja la decisión sobre las demoliciones a los jueces

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella está llamado a restaurar el orden, la legalidad y la seguridad jurídica en una ciudad donde los gobiernos municipales que se sucedieron desde la llegada a la alcaldía de Jesús Gil, en 1991, hasta la disolución de la corporación en 2006 por los escándalos de corrupción, vulneraron sistemáticamente el planeamiento vigente. Tanto desmán, simbolizado en la concesión de licencias para más de 18.000 viviendas contrarias a la normativa, y todos los trapicheos con operaciones de suelo y convenios urbanísticos han sido materia de numerosos litigios judiciales en las vías contenciosa, civil y penal.

El PGOU aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio de Andalucía (Cotua) el pasado viernes no va a dar carpetazo como por arte de magia a todo este embrollo judicial. Sienta las bases de la restauración urbanística, pero los tribunales aún tienen mucho que decir y los jueces están llamados a tener un papel determinante en la ejecución del nuevo plan.

El derribo de 500 viviendas depende de una decisión de los magistrados

Los jueces deberán decidir por ejemplo si de demuelen o no las más de 500 viviendas habitadas que el plan deja fuera de ordenación porque ocupan suelo de espacios libres en la franja litoral (297 casas en Banana Beach, 50 en Golf Río Real, 30 en Torrevigía y otras 50 en las promociones que la Cotua ha instado a excluir de la normalización). Todas tienen licencia anulada por los tribunales y deberán ser los jueces quienes determinen cómo se ejecutan las sentencias una vez que conozcan el nuevo PGOU y consideren los intereses de todas las partes implicadas.

Otra incógnita es saber si los tribunales revisarán las órdenes de demolición que ya habían emitido sobre algunas promociones que el plan normaliza, además de qué va a ocurrir con aquellos procedimientos abiertos por denuncias de situaciones ilegales que el plan considera legalizables, muchas de ellas formuladas por la Junta, la administración que da el visto bueno definitivo al PGOU.

Presumiblemente, el propio PGOU va a ser objeto por si mismo de conflicto, especialmente por el sistema de normalización de construcciones ilegales diseñado por el equipo redactor, dirigido por Manuel González Fustegueras. Varios colectivos vecinales han anunciado ya que recurrirán el plan en la vía de lo contencioso administrativo y la comunidad de propietarios de Banana Beach, el complejo de 297 viviendas que queda fuera de ordenación y que, de acuerdo a las consideraciones del plan, debe desaparecer porque el suelo que ocupa es sistema general de espacios libres, ha anunciado la presentación de una querella criminal por prevaricación contra los concejales de PP y PSOE que votaron provisionalmente el documento en el pleno del pasado 29 de julio y contra el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. Los propietarios de Banana Beach se consideran víctimas de un agravio porque entienden que hay construcciones en la misma situación urbanística que el plan sí normaliza.

En la historia del urbanismo español no hay precedentes de una situación tan compleja como la de Marbella, donde la planificación urbanística requería dar respuesta a tantas situaciones de vulneración de la legalidad. González Fustegueras buscó respuestas con "una dosis de flexibilidad necesaria para afrontar la diversidad de situaciones de transformación ilegal". La gama de incumplimientos era muy variada: construcciones en suelo no urbanizable, actuaciones en el suelo urbanizable o urbano no consolidado sin los preceptivos planes de desarrollo o edificaciones autorizadas en el suelo consolidado que infringían determinaciones de densidad o edificabilidad contempladas en el plan de 1986. Es la clasificación que González Fustegueras estableció entre pecados mortales y veniales, y de la que se ha derivado un sistema de normalización que, como principio general, excluye la posibilidad de legalizar cualquier construcción en suelo no urbanizable con usos contrarios a los permitidos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y regularizar las que no vulneren este principio pero siempre con la formulación de los instrumentos de planeamiento que prevé la legislación (planes parciales, de desarrollo, parcelaciones; y procurando que los repartos de ocupación y edificabilidad en las distintas áreas no excedan lo programado y que se recuperen los suelos de equipamientos y espacios libres). El plan además ha considerado a todos los efectos inexistentes las licencias ilegales concedidas para construcciones que no llegaron a iniciarse (unas 5.800 de las 18.000 para las que se expidieron licencia, mientras que más de 4.500 permanecen paralizadas).

De ahí el establecimiento de un sistema de compensaciones económicas o en suelo que contempla el sistema de normalización y que es el centro de la controversia.