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Reportaje:vida&artes

Nada puede reparar al falso culpable

El hombre acusado erróneamente de matar y violar a una niña se enfrenta ahora al trauma y al estigma - Una cadena de fallos llevó a un juicio paralelo - La presunción de inocencia fue pisoteada

Una cadena de errores médicos, judiciales, policiales y periodísticos ha desembocado en un juicio paralelo a Diego P. V. que ha vulnerado su presunción de inocencia y ha echado por tierra sus derechos fundamentales. Un informe médico detallaba golpes, quemaduras e indicios de agresión sexual en el cuerpo de la pequeña Aitana, una niña de tres años, que falleció en la madrugada del pasado viernes. Alertados, los médicos, habían avisado a la Guardia Civil, que poco después detiene al hombre, de 24 años, novio de la madre de la pequeña. A la vista de los informes, el juez prorroga su arresto. Al día siguiente, los forenses concluyen que falleció como consecuencia de una caída.

Pero ya era tarde. Los vecinos de Arona, al sur de la isla de Tenerife, habían juzgado a Diego P. V. Y los medios de comunicación también. Sobre una fotografía a toda página, el diario Abc publicaba el sábado en portada este titular: "La mirada del asesino de una niña de tres años". Y añadía: "Tenerife llora la muerte de Aitana, que no superó las quemaduras y los golpes propinados por el novio de su madre".

"Está destrozado, no puede dormir, vomita", según su abogado

Los periodistas admiten ahora su culpa y piden perdón

El letrado de Diego anuncia dos denuncias contra los médicos

Un diario tituló en portada: "La mirada del asesino de una niña de tres años"

La presunción de inocencia había saltado por los aires. La imagen del detenido, esposado y escoltado por dos agentes de la Guardia Civil, puso en alerta a los medios de comunicación y alimentó la ira de los vecinos. Las cámaras de televisión recogieron con nitidez los insultos -"sinvergüenza, bandido"- y alguna cadena no dudó en declararle culpable en sus informativos mientras se hacía eco de los detalles más escabrosos. EL PAÍS informó bajo el titular "Muere una niña de tres años con signos de maltrato". Y agregaba: "Un juez de Tenerife prorroga el arresto de la pareja de la madre".

Ahora, los periodistas admiten su error y piden excusas. El secretario general de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Javier Arenas, quiere presentar disculpas al falso acusado en nombre del colectivo. Y expresó la necesidad de abrir una "reflexión profunda" sobre los límites de la profesión. "Sin querer hacer un juicio paralelo que vuelva a caer en el mismo fallo, en general, los medios actuamos con responsabilidad, pero casos como éstos nos deben hacer reflexionar si no estamos yendo más allá de lo lógico, lo razonable, lo socialmente responsable y lo legal".

El presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife, Juan Galarza, trata de justificar la actuación de los medios: "Hemos ido a las fuentes oficiales a las que recurrimos normalmente, cumplimos escrupulosamente con el protocolo". Aunque en un ejercicio de autocrítica añade: "Los que defendemos el buen periodismo no podemos comulgar con algunos excesos de estos días".

A la hora de repartir responsabilidades, los médicos están también en el ojo del huracán. La presidenta nacional de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, anunció ayer denuncias contra la consejería canaria de Sanidad ante la Agencia de Protección de Datos por revelación de información errónea y confidencial de la niña "que ha hecho muchísimo daño a esta familia".

Especialmente a Diego P. V., tratado como verdugo cuando en realidad era una víctima. "Está destrozado, no puede dormir, vomita y tiembla. Necesita tratamiento psiquiátrico y su estado cada vez es más preocupante", reconocía ayer su abogado, Plácido Alonso Peña, que confirmó que el joven acudió anoche al médico una vez más para recibir tratamiento. El letrado advirtió de la presentación de dos querellas a los dos médicos que erraron en su diagnóstico.

Todo había comenzado el domingo 22 de noviembre. Aitana se cae del tobogán mientras jugaba en un parque. El golpe, en la cara, es fuerte. Su madre y Diego P. la llevan al médico de guardia en la localidad de El Fraile. El doctor comprueba que no tiene el tabique nasal roto, ni los labios, ni la dentadura. Le receta Dalsy para calmar el dolor y asegura a sus familiares que "en tres días estará corriendo como si nada". Al día siguiente, Susana María Candelario, la tutora de la pequeña en el colegio, pregunta por los arañazos. La madre, Natalia Ros, le cuenta lo ocurrido en el parque el día anterior.

Aitana seguía quejándose de dolores en la cabeza. Hasta el martes 24. Mientras Diego P. V. la bañaba, la niña seguía quejándose. Se desmayó e incluso dejó de respirar. La llevó urgente al médico de guardia en el centro público del Servicio Canario de la Salud, en la localidad de El Mojón, donde hacía guardia el doctor Arraque, que tuvo que reanimar a Aitana en varias ocasiones. Fue éste el que recibió a una pequeña amoratada, con señales en la piel que interpretó como quemaduras y habló por primera vez de desgarros en las zonas íntimas. Por eso activó el protocolo de posible agresión sexual, que desembocó en la inmediata detención del novio de la madre por parte de la Policía Local de Arona y, posteriormente, de la Guardia Civil.

El informe forense que se le practica en el Instituto de Medicina Legal determina que no existen lesiones de agresión sexual. Las quemaduras no son compatibles con marcas de cigarrillos, ni de secador, sino con alergia a una crema. La madre de la pequeña nunca dudó de su nueva pareja, que siempre negó los hechos ante la Policía Local y la Guardia Civil. Hasta el padre biológico, José Manuel Rubio, reconoció que era normal que la niña se golpeara.

El viernes 27, medios de todo el país ya se recreaban en todo tipo de detalles morbosos. Se sucedieron condenas: "Que caiga sobre él todo el peso de la ley", clamaba una encendida abogada, María Dolores Pelayo. La portavoz del Foro contra la Violencia, Magalines Rosales, recordaba que los malos tratos y los abusos sexuales a niños dentro de la familia "suponen una de las formas de violencia de género más ocultas en la sociedad". Inés Rojas, consejera canaria de Bienestar Social, hablaba de la "tristísima y durísima muerte", mientras la vicepresidenta del Parlamento, Cristina Tavío, lamentaba que la niña no tuviera ya derecho a la libertad y a la vida.

Conocido el inmenso error, mientras se suceden reflexiones y disculpas desde los medios, la reacción del Gobierno de Canarias ha indignado a muchos. La consejería de Sanidad emitió una nota, no para anunciar una investigación interna sobre lo ocurrido ni comunicar el pésame a la familia, sino para advertir que la información sobre el diagnóstico médico erróneo no la había comunicado este departamento. Hubo más, la directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, no se disculpó con Diego P. V. y justificó sus declaraciones, sin pestañear. Dice ahora que jamás ha condenado a la persona sino al hecho relatado en el parte de lesiones.

"Los médicos han conculcado al menos cuatro artículos del Código Penal", advierte la letrada María Dolores Palliser, mientras Belarmina Martínez, histórica abogada feminista de Tenerife al frente de la Asociación Mujeres y Solidaridad, sostenía que "los medios no son culpables".

El jurista Luis Martí Mingarro no tiene duda de que el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen ha sido "arrollado" por el derecho a la información. En esta casi inevitable colisión de derechos, opina que la prioridad del derecho a la información es "constitucionalmente innegable, pero también la dignidad de la persona, que no se puede destruir a priori de manera irreversible".

"Vivimos instalados en la sociedad de la velocidad. Mal será si eso le come el terreno al rigor. Hay que anteponer el rigor y la credibilidad", reclama el secretario general de la FAPE. Y subraya que en momentos de crisis como el que atraviesan los medios de comunicación "si perdemos ese valor añadido, seguramente estaremos cavando nuestro propio destino". "Por nuestra propia supervivencia, hay que mantener a capa y espada el rigor y la credibilidad".

¿Es posible un resarcimiento ante un atropello de derechos fundamentales? Javier Arenas mantiene que ésta es una tarea de los tribunales, mientras que Martí Mingarro estima que una reclamación "tendría muchas probabilidades" de prosperar. La cuestión es si una indemnización económica puede borrar de la memoria la cadena de errores sobre Diego P. V.

Ahmad Mardini sabe bien lo que es sentirse destrozado por fallos policiales y periodísticos. Detenido por error en una operación contra una célula islamista supuestamente vinculada al 11-M, entabló acciones judiciales contra los medios que habían difundido su fotografía. Mardini fue presentado por Telemadrid y El Mundo como propietario de un refugio de los terroristas. La justicia condenó a ambos a pagarle una indemnización de 75.000 euros.

El juicio paralelo en el que se embarcó Canal 9 en el caso Alcàsser es otro ejemplo. La televisión pública valenciana fue condenada -junto al padre de una de las niñas asesinadas y un criminólogo mediático- a pagar 620.000 euros a miembros de la Guardia Civil, forenses y al ex fiscal jefe de Valencia por injurias y calumnias. La sentencia fue un varapalo a la telebasura.

Martí Mingarro, que forma parte del Comité Deontológico de la FAPE, considera que en el caso de Aitana los medios han adolecido de una falta de autocontrol. "Se ha hecho una imputación personal y directa de una conducta delictiva especialmente denigrante hacia la que toda la sociedad siente una enorme repulsa". Los primeros informes médicos hicieron saltar todas las alarmas. Y el detenido fue visto como un monstruo y los medios olvidaron la dignidad de la persona sobre la que estaban informando.

El jurista reclama la necesidad de poner coto a la conducta periodística mediante un código de autorregulación. Estos instrumentos están enfocados a mejorar la profesión periodística y el derecho de los ciudadanos a estar informados. En este caso, sostiene que es paradigmática la falta de mesura y control sobre unos datos que deberían haber sido "mejor gobernados" por parte de los medios.

La propia FAPE redactó el año pasado un estatuto que recogía los derechos y obligaciones de los profesionales de la información. El texto sigue en punto muerto, pese a que el Consejo de Europa lleva 15 años recomendando a todos los Estados que hagan suyos un catálogo de principios éticos. Pero ese Código Europeo de la Profesión Periodística es, todavía, papel mojado. Diego P. V. habría agradecido que no lo fuera.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de diciembre de 2009