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La oposición acusa al PP de aprobar otra ley eólica por una "vendetta' política"

El conselleiro de Industria defiende que la nueva norma reportará 1.000 millones

María Fernández

El debate sobre el proyecto de ley para el aprovechamiento de la energía eólica en Galicia superó ayer su primer trámite parlamentario tras una fuerte bronca. La oposición acusó al Gobierno gallego de haber organizado una "vendetta política" para borrar toda referencia de la regulación eólica armada por el bipartito. PSdeG y BNG olvidaron sus diferencias de la pasada legislatura y se unieron para acusar al conselleiro de Economía, Javier Guerra, de "revanchismo", y de pretender una "reprogramación ideológica" con un modelo que, según el portavoz socialista, Abel Losada, "suena a Leni Riefenstahl y el Triunfo de la Voluntad", en referencia a la propagandista del nazismo.

"Prometí transparencia y aquí estoy", comenzó diciendo el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, para después recordar los peores episodios del recorrido del decreto eólico gestado en el bipartito y que fue suspendido por el PP en cuanto llegó al poder. Una "herencia envenenada", según Guerra, que tenía "tachas de ilegalidad" por regular la presencia pública de la Xunta en las empresas adjudicatarias. Una postura que Guerra basó en "informes de juristas independientes e imparciales de máximo prestigio". Según sus cálculos, los ingresos que se derivarán del canon reportarán a la Xunta 1.032 millones de euros en 20 años frente a los 567 que supondría el modelo del bipartito. La mayoría parlamentaria del PP rechazó las enmiendas a la totalidad que exigían la devolución del texto.

"Se ha pasado el 85% del tiempo de su intervención dedicado a criticar al Gobierno anterior", acusó Fernando Blanco (BNG), ex conselleiro de Industria con el bipartito, a su sucesor en el cargo. "Se pierden las garantías medioambientales. No se prevé la obligación de pasar declaración de impacto ambiental", insistió Blanco haciendo referencia al artículo 36 del proyecto, que prevé que la evaluación ambiental de los nuevos parques se realice según la regulación estatal, es decir, con un doble rasero para los menores de 50 megavatios.

"Están haciendo exactamente lo mismo que en el Gobierno de Manuel Fraga", añadió Abel Losada. Sobre el fondo que compensará a los ayuntamientos donde se asientan los parques, los socialistas alertaron de que podría convertirse en "la réplica al baltarismo de la provincia de Ourense".

Para el conselleiro de Economía, la ley viene a terminar con "la falta de legalidad", de la anterior regulación y "no permitirá bajo ningún concepto la implantación de parques eólicos en la Red Natura actual ni su ampliación". Sobre el procedimiento administrativo destacó que "se agilizará y será absolutamente transparente", y que "no se prescindirá de la evaluación ambiental". Guerra aseguró que servirá para aportar "seguridad jurídica, racionalizar los procedimientos administrativos, garantizar los planes industriales asociados a los proyectos eólicos y asegurar las compensaciones a los ciudadanos afectados". La patronal eólica gallega guardó ayer silencio sobre el proyecto. De puertas adentro las empresas han criticado la "parálisis" que vive el sector desde los últimos años de gobierno de Manuel Fraga.

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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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