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COLUMNA

La ruina del divorcio

Padres separados durmiendo en caravanas, en cámpings, en pensiones, en casa de sus padres, en sus propios coches. Existe un colectivo de hombres con el corazón y la economía rota tratando de rehacer sus vidas alejados de sus hijos y su hogar.

Durante años la mujer estuvo condenada a seguir en el domicilio conyugal aun sin desearlo al ser económicamente dependiente del marido. La imposibilidad de subsistir fuera del núcleo familiar la obligaba a permanecer en una cárcel de desamor, indiferencia o incluso odio. Ésa es hoy la situación de muchos hombres.

Cuando un matrimonio o una pareja con hijos se quiebra, en más del 95% de los casos el juez le otorga la custodia a la madre y, por tanto, también la casa, ya que el artículo 96 del Código Civil determina que la vivienda familiar corresponde al cónyuge al cargo de los niños. Así que el hombre ha de pagar la mitad de la hipoteca del piso donde ya no reside (pongamos unos 500 euros) y la manutención de los hijos (unos 400 euros al mes por niño). Si el padre tiene dos críos y un sueldo de 2.000 euros al mes le quedan 700 para sufragar un alquiler (u otra hipoteca) y subsistir. Si deja de aportar la manutención durante dos meses seguidos o cuatro no consecutivos irá a la cárcel.

Un matrimonio suele durar quince años, luego empiezan a volar los bostezos o los jarrones

El año pasado en España tuvieron que irse de casa 70.000 hombres, de los cuales el 80% no pudo pagar una nueva vivienda. La crisis incluso ha agudizado la tragedia de padres separados privándoles de su empleo. El 13% de los madrileños está divorciado o separado. Sin embargo, nuestra comunidad y el País Vasco son pioneros en ofrecer ayudas. El Instituto de la Vivienda de Madrid destina alrededor del 9% de las viviendas de protección oficial a los separados. El único inconveniente, además del ínfimo porcentaje, es que esas casas van en un 95% para las mujeres.

Un matrimonio suele durar quince años y medio, luego empiezan a volar los bostezos, los reproches o los jarrones. Ella acaba sola en la casa común frente a una pantalla de plasma y él comiendo conservas en el bungaló de un cámping de Getafe, El Escorial, Aranjuez, Villaviciosa de Odón o la Alameda de Osuna. Allí hay refugios para divorciados incapaces de permitirse el alquiler de un piso tras pagar la mitad de la casa en la que residen su(s) hijo(s), su ex pareja y quién sabe si el nuevo novio de ésta (no existe ninguna ley que exima al padre de aportar la mitad de la hipoteca de su antigua vivienda cuando ésta también es habitada por la flamante pareja de su ex).

La ley no sólo debería propiciar que los progenitores separados vivieran en unas condiciones más favorables por la propia dignidad de los hombres, sino también por sus hijos, que muchas veces no tienen un lugar adecuado donde pasar el tiempo con sus padres. Además, está prohibido residir durante más de medio año en un cámping, por lo que decenas de padres divorciados están continuamente haciendo el hatillo.

Gracias a Dios, la creciente visibilidad de este drama masculino y las nuevas generaciones de jueces, menos inerciales y perezosas para la interpretación de las leyes y más al tanto del nuevo rol de padre implicado en el cuidado de los hijos, están paliando esta injusticia. En primer lugar, la tutela de los hijos se está dejando de otorgar casi matemáticamente a la madre. Muchísimas asociaciones de divorciados y divorciadas proponen que, por sistema, se determine la custodia compartida a no ser que alguno de los padres renuncie voluntariamente a ella o existan causas para denegársela. Pero, sobre todo, cada vez más sentencias concluyen que, pasado un tiempo tras la ruptura matrimonial, se venda la casa anteriormente compartida. El hombre seguirá sufragando parte de la manutención de los niños, pero cada cónyuge dispondrá de un dinero equitativo para reemprender su camino independientemente.

Un hombre sin esposa, casa, hijos ni dinero debería ser la víctima de una hecatombe nuclear, no de un divorcio. Un hombre de cuarenta y tantos años (edad a la que se produce la mayoría de las rupturas) tiene derecho a restaurar su vida y a apostar por la felicidad junto a otra pareja, al lado de sus hijos y en una nueva casa, y a no a ser vapuleado por el tratado de Versalles del artículo 96 del Código Civil (según lo interpretan la mayoría de los jueces). Un divorcio no debe ser un castigo, sino una segunda oportunidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de noviembre de 2009