Bilbao prohíbe por vez primera dos 'txosnas' por exhibir fotos de presos

La polémica sobre la exhibición de carteles y fotos de presos etarras durante las últimas fiestas de Bilbao llegó ayer a su fin con la decisión del Ayuntamiento de inhabilitar a dos comparsas que, según un informe de la Ertzaintza, mostraron simbología de ETA en sus txosnas. El consistorio abrió el correspondiente expediente de sanción que permitirá vetar la participación de Kaskagorri y Txori Barrote, vinculadas a las ilegalizadas Segi y las Gestoras Pro-Aministía, respectivamente, en las dos próximas ediciones de la Aste Nagusia. Bilbao se convierte así en la primera capital vasca que adopta una decisión de tal tipo tras la política de tolerancia cero desplegada por Interior el pasado verano frente a la exhibición de símbolos de apoyo a la banda.

Las comparsas afectadas tienen dos meses para recurrir la decisión

El consistorio basa su resolución en el incumplimiento de la vigente ordenanza de fiestas y en el "incontestable" hecho de que ambas comparsas "han incumplido su papel" al decorar sus txosnas con numerosas fotos de presos e "incluso simbología" de ETA. El Ayuntamiento se ha apoyado en un informe de la Ertzaintza, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que detalla y reproduce los elementos de propaganda, algunos ligados a la organización terrorista, que exhibían cinco txosnas (las citadas, junto a Altxaporrue, Kobetamendi y Kaixo Konpartsa) en las que la policía vasca actuó el pasado 20 de agosto, en plenas fiestas. La operación se saldó con 18 imputados por enaltecimiento del terrorismo.

"Si no tuviésemos normativa quedaría todo sujeto a la interpretación, pero los artículos 26 y 27 [de la ordenanza local de fiestas] son taxativos", justificó ayer el alcalde, Iñaki Azkuna. Ambos permiten sancionar por dos años a las comparsas cuyas casetas muestren carteles u otros elementos "que atenten contra la dignidad de las personas, apoyen el terrorismo y puedan hacer con ello peligrar la convivencia".

La decisión municipal propone declarar "vacantes" los espacios festivos correspondientes a las comparsas sancionadas y estudiar para ellos "usos alternativos". La resolución plantea una inhabilitación por dos años que a partir de ese momento "se revisará", aunque abre un período de audiencia de diez días antes de su elevación definitiva. Contra ella cabe interponer, además, un recurso contencioso administrativo en un plazo de dos meses. La coordinadora de comparsas se reunió ayer para analizar la decisión.

La consejería de Interior se confesó "muy satisfecha" con la decisión adoptada y apuntó que "confirma la línea de colaboración" que se pretende intensificar entre el Gobierno y los ayuntamientos para "evitar que quienes utilizan las fiestas para amparar la violencia lo puedan seguir haciendo". El PSE por su parte, valoró la implicación municipal como "un paso positivo", postura muy similar a la del PP, grupo que junto a los socialistas, propició el debate sobre la denegación de licencias. La portavoz popular en el Ayuntamiento, Cristina Ruiz, declaró a este periódico que se trata de una actuación "en la dirección correcta" y advirtió de que su partido seguirá impulsando "todo tipo de medidas que no tomen de motu proprio las instituciones".