El juez procesa a dos guardias civiles por narcotráfico

Era conocidos como La Mary y Albert el Grande. En poco tiempo sus bienes se multiplicaron y la ostentación de los mismos les delató. El cabo primero Carlos Augusto Palomino Miralles y el guardia Rafael Segura han sido procesados por el juez por su esencial participación en una red de narcotráfico que pudo introducir a través del puerto de Valencia más de 600 kilos de cocaína procedente de Suramérica. El auto de procesamiento incluye al resto de integrantes de la banda, entre ellos, el policía local de Pedralba Luis Aquilino Lizandra Galindo, cuya "misión", según el juez, era "sacar la droga del puerto". Además, se procesa al cabecilla de la red, Fernando Moreno Sorní, a su mano derecha, un conocido delincuente, Rubén Gay, y a otras 14 personas con distintas responsabilidades en la organización.

El auto es claro respecto a los dos guardias civiles, que estaban adscritos al puesto de Tavernes Blanques: "Advertir a la organización de las actividades policiales mediante el acceso a las bases de carácter secreto, asegurando la impunidad, revelando información privilegiada de las actividades policiales o judiciales y asesorar para la mejor culminación de sus fines ilícitos".

La desarticulación de esta organización tiene su origen en una operación previa que puso sobre la pista. La investigación se centra en distintos individuos colombianos que, a través de una organización afincada en Valencia, contactan con dos guardias civiles "que llevaban un nivel de vida superior a sus posibilidades, incluso, hacían ostentación de ello". Compra de varios coches de alta gama, incluidos los regalados a sus respectivas parejas, son datos iniciales suficientemente llamativos. No había préstamos, no había letras. No coincidía el poder adquisitivo con los ingresos realmente declarados. Los dos guardias civiles, el policía local de Pedralba Fernando Moreno y Rubén Gay son el núcleo de una organización para la que, junto a los demás, el juez solicita seis millones de euros de fianza, y de no hacerlo se procederá a embargar sus bienes, para hacer frente a las responsabilidades que se deriven de los supuestos delitos que cree el juez han cometido: tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos y cohecho.