Justicia adeuda a los depósitos judiciales más de 60 millones

"Es un despropósito mantener un Seat 127 durante 15 años y pagar por él 20.000 euros". La paradoja expuesta por Pedro Izquierdo, secretario general para la Justicia, resume la asombrosa situación de miles de vehículos que acumulan polvo al aire libre en los depósitos judiciales. El crónico retraso de la Justicia y los procesos que se eternizan producen un bloqueo que inmoviliza los bienes intervenidos (coches, barcos, avionetas y ciclomotores) y generan a la administración una factura que crece y crece. Esta deuda de la Consejería de Justicia supera ya los 60 millones de euros, aunque aún se cuantifica debido a las dificultades para calcularla.

En las últimas semanas a la consejería le crecen los enanos en forma de reclamaciones monetarias. Con la crisis muchas empresas atraviesan dificultades y reclaman impagos que superan ya una década. Del gremio del taxi, pero sobre todo empresas que custodian los vehículos intervenidos judicialmente. Entre ellas figuran el depósito judicial de Sevilla y los cuatro del Campo de Gibraltar, que han cerrado sus puertas y se han negado a recibir más vehículos. La consecuencia es clara: el último ejemplo se vivió el viernes, cuando la Guardia Civil dejó abandonado un vehículo intervenido en la cuneta de la A-7 en San Roque (Cádiz).

El valor de los cohes acaba siendo muy inferior al de su custodia

Justicia debe por cada día y coche 3,6 euros y 1,5 euros por cada ciclomotor. Así, al multiplicar los años que pasan los vehículos en los depósitos sale esa factura que en plena crisis es una pesada losa. La solución a una deuda tan abultada no parece fácil. La Junta negocia los pagos a varias bandas con los depositarios, entre los cuales los cuatro del Campo de Gibraltar condensan el grueso de la deuda, con unos 40 millones. "Pedimos un calendario de pagos cómodo para la Administración, pero ya una empresa tuvo que despedir a todo su personal y esto no puede seguir así", lamenta Estela Villalobos, portavoz de los empresarios gaditanos afectados.

El Campo de Gibraltar engloba gran parte de los vehículos y barcos intervenidos por su cercanía con la frontera con Marruecos, y el tráfico constante que supone el puerto de Algeciras, por donde transitan miles de vehículos cada año. Además, su situación estratégica y Gibraltar son un atractivo añadido para las bandas de traficantes y blanqueadores, con coches de alta gama y barcos que la policía y Guardia Civil requisan. Y ahí comienza el problema, cuando arrancan los procesos judiciales y los recursos se eternizan. Si el condenado es extranjero, las dificultades para cobrar las deudas se multiplican.

Para cifrar de manera exacta la deuda global, la consejería exige a los depositarios que determinen los procedimientos judiciales por los que fueron intervenidos. Pero el atasco judicial y los años transcurridos hacen que esa titánica tarea, intentada sin éxito por los secretarios coordinadores, sea imposible. "Esperamos a que se documenten las deudas. Los depositarios nos daban matrículas que no coincidían con los procedimientos", alega la consejera de Justicia, Begoña Álvarez. Mientras, los empresarios rechazan dicha responsabilidad para ponerle un apellido a cada coche intervenido: "¿Quieren que nos metamos años enfrascados en los juzgados buscando papeles? Esa búsqueda de documentos es imposible", afirma Villalobos.

Además, la mayoría de estos vehículos fueron ya peritados y destruidos. El presidente de la Audiencia de Cádiz, Lorenzo del Río, ordenó peritar todos los vehículos a disposición judicial y con fecha de entrada desde diciembre de 2006. Tras el peritaje fueron destruidos 4.300 vehículos y ahora permanecen unos 1.700 en los cuatro depósitos judiciales.

Para evitar la paradoja de que el valor de un coche se vea superado por el valor de su estancia en el depósito, Justicia ultima un protocolo junto al Tribunal Superior de Justicia (TSJA), la Fiscalía Superior y la Secretaría de Gobierno para establecer los criterios que permitan optimizar los recursos. El destino de todos los bienes intervenidos sólo dependen del juez que ordena su intervención. De este modo, desde que recibió las competencias de Justicia en 1997, la Junta está sujeta a las decisiones judiciales y los consecuentes pagos generados por estas intervenciones. Y con el cierre de estos cinco depósitos, los problemas se multiplican. "Imagínate, estamos dejando los coches donde han sido intervenidos al ladrón, con lo cual es muy fácil pensar que éste o un familiar regresen a por él", ejemplifica un policía con cierta impotencia.