La espiral del maltrato infantil

"Las tardes que mi madre trabajaba me llevaba a casa de mi tío Rafael, que nos preparaba la merienda a mí y a mi primo...". Cuando alguien le dice a María que cuente lo que le ha pasado, la niña siempre empieza así. El relato de su infierno particular acaba convirtiéndose en una retahíla que María se ve obligada a contar una vez detrás de otra. A la pediatra, la trabajadora social, el policía, el forense, la psicóloga, la trabajadora del Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía (SAVA). Cuatro años después, vuelve a repetírselo al juez.

Esa narración es también el hilo conductor de Espiral, un cortometraje producido por la fundación Márgenes y Vínculos y subvencionado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que pretende ser una llamada de atención a sus profesionales y al propio sistema de protección de menores. María es la víctima, que cuando acude con su madre a contarle a la pediatra lo que le hace su tío tiene ocho años y cuando testifica ante el juez, 12. En medio, cuatro años en los que la niña se ve envuelta en un bucle de intervenciones por parte del sistema, de ahí el nombre Espiral. Y en cada una, tiene que revivir lo que le pasaba: "Las tardes que mi madre trabajaba me llevaba a casa de mi tío Rafael...".

Hasta agosto se recibieron 2.268 denuncias por malos tratos a niños

Se estima que alrededor del 23% de las niñas y el 15% de los niños sufren en su infancia algún tipo de violencia sexual. La agresión física, la privación de alimento o el maltrato emocional son también frecuentes y, a menudo, muy difíciles de detectar. "El maltrato psicológico se suele detectar a través del silencio", explica la directora general de Infancia y Familias, Carmen Belinchón. "Hay maltrato psicológico encubierto en casos de violencia de género. Detrás de una mujer maltratada, si hay niños, casi automáticamente hay maltrato psicológico".

Suavizar el camino desde que se detecta que puede haber violencia hasta que se comprueba es lo que pretenden la Junta y Márgenes y Vínculos con la proyección del cortometraje. La cinta se ha hecho para exhibirla entre los profesionales implicados en esta espiral: médicos, jueces, psicólogos, profesores. El objetivo es evitar lo que los expertos llaman la "victimización secundaria", producida por una actuación inadecuada del sistema y que puede ocasionar un daño psicológico igual o mayor que el producido por el propio maltrato.

El Sistema de Información del Maltrato Infantil de Andalucía (Simia) contempla diferentes vías para detectar la violencia sobre los menores, como el colegio, los hospitales o el teléfono de atención a la infancia. En 2008 se recibieron 3.600 denuncias, de las que el 99% dieron lugar a la apertura de diligencias. Según los datos de la Dirección General de Infancia y Familias, entre enero y agosto de 2009, la Junta recibió 2.268 alertas de posible maltrato a niños. De ellas, 498 han dado ya lugar a que se abra un procedimiento de desamparo. La cifra seguirá incrementándose en los próximos meses porque en muchas de las denuncias la investigación sigue abierta. "Lo habitual es que entre el 50% y el 60% de los casos acaben en un procedimiento de desamparo", explica Belinchón.

Cuando se declara el desamparo es porque el maltrato está en el ámbito familiar. Detectarlo es difícil, pero probarlo puede ser una tarea aún más compleja. "La violencia en la familia a menudo se convierte en un hecho crónico, una conducta que la víctima llega a ver como normal", explica la directora general. Si el maltratador es el padre, ocurre con frecuencia que la madre también ve como "normal" ese comportamiento y no ayuda a detectar el problema.

"A veces pecamos por defecto. Aunque se tenga un sólo indicio, hay que ponerlo en conocimiento del sistema. Otros se encargarán de comprobarlo", advierte la directora general. "Hay que acumular suficientes pruebas para tener la garantía de que el niño, una vez declarado en desamparo, no vuelva a la familia por culpa de una sentencia absolutoria". En este largo proceso de acumulación de evidencias es donde la víctima puede quedar atrapada, una espiral que la propia administración reconoce y ahora pretende corregir.