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lunes, 31 de agosto de 2009
Entrevista:VLADÍMIR YAROSLÁVTSEV | Juez del Tribunal Constitucional de Rusia

"En Rusia mandan los órganos de seguridad, como en la época soviética"

El poder judicial en Rusia se ha convertido en un instrumento al servicio del Ejecutivo durante la presidencia de Vladímir Putin y de su sucesor, Dmitri Medvédev. Así lo opina en una entrevista con EL PAÍS Vladímir Yaroslávtsev, uno de los dos magistrados del Tribunal Constitucional -de 19 en total- que con su voz disidente llevan la contraria al Kremlin en nombre de la democracia. El "reforzamiento del autoritarismo hace que los jueces sean cada vez más dependientes", afirma.

"Nadie sabe qué decisión tomarán las autoridades mañana. No consultan a nadie y no debaten con nadie", exclama. Para resumir cómo actúa Medvédev, jurista de formación, el magistrado recurre a una frase del poeta romano Juvenal: "Lo quiero así, lo mando, baste mi voluntad como razón". Recuerda una película llamada En las ruinas del amor y dice: "Yo me siento en las ruinas de la justicia".

"El autoritarismo hace que los jueces sean cada vez más dependientes"

"La sociedad civil no existe, y los órganos legislativos están paralizados"

Yaroslávtsev, de 57 años, es de Leningrado (hoy San Petersburgo), donde presidió la sala penal de la audiencia provincial. Magistrado del Constitucional desde 1994, puede ejercer este cargo hasta que cumpla 70 años. Los miembros del Constitucional tienen garantías para dictaminar con independencia y vivir con holgura, pero al abordar temas delicados "rige el conformismo para no irritar a las autoridades", señala. "El sistema judicial no es un elemento aislado de la sociedad. En Rusia la sociedad civil o no existe o es embrionaria. Los órganos legislativos están paralizados y el papel clave en la dirección del Estado es la vertical de poder, el centro de toma de decisiones que está en la Administración Presidencial". "El régimen autoritario quiere mantenerse en el poder cuanto más tiempo mejor", añade.

Al magistrado le inquieta el caso de la periodista Natalia Morar, que denunció en un semanario ruso a altos cargos del Kremlin supuestamente implicados en asuntos de corrupción. Las graves acusaciones de Morar, ciudadana moldava residente en Moscú, no fueron objeto de investigación fiscal ni de querella por parte de los aludidos, pero el Servicio Federal de Seguridad (SFS) vetó la entrada en Rusia a la periodista. Morar recurrió en vano ante los tribunales rusos y llegó al Constitucional, que, con el voto disidente de los magistrados Yaroslávtsev y Anatoli Kónonov, rechazó en mayo su caso, es decir, se negó a verificar si las competencias del SFS transgreden la ley. Lo "más preocupante", según Yaroslávtsev, "es que los tribunales dieran por buena la posición del SFS sin pedirle argumentos". "Los órganos de seguridad pueden limitar el derecho a desplazarse de cualquier extranjero en nombre de la defensa o la seguridad, pero ¿qué hizo Morar para amenazar la seguridad de Rusia? Lo sucedido es una profanación de la justicia. Es el juez el que debe determinar si la decisión es correcta".

El caso Morar evidencia que "los órganos de seguridad pueden hacer lo que quieran y que los tribunales se limitan a ratificar su decisión. Los órganos de seguridad son los que mandan y eso es una vuelta a la época soviética. Eso es lo inquietante. Se está olvidando la represión de Stalin y de los años treinta", subraya Yaroslávtsev.

Entre las decisiones de "ordeno y mando" del Ejecutivo ruso, Yaroslávtsev cita la extensión del mandato presidencial, el nombramiento de los gobernadores en lugar de su elección y el reforzamiento del control sobre los jueces. El Constitucional avaló restricciones al derecho a manifestarse y una interpretación legal que permitió saltarse el principio de prescripción del delito para juzgar de nuevo al magnate Mijaíl Jodorkovski.

Medvédev se queja del "nihilismo jurídico", pero Yaroslávtsev cree que la institución que "debe librarse" de este mal es justamente la Administración Presidencial. Y además está la corrupción. "Se promulgan muchas leyes contra la corrupción, pero no se ha quebrantado la base económica de su existencia, consistente en que los respetables funcionarios tienen negocios asociados en una u otra medida y dependientes de su cargo".

En 2008, el Constitucional fue obligado a trasladarse de Moscú a San Petersburgo. "Nos han apartado del centro de la toma de decisiones. Antes vivíamos en ebullición. Ahora casi nadie se dirige a nosotros. El Constitucional debería resolver problemas políticos con métodos jurídicos, pero las autoridades temen eso y tratan de convertirnos en un apéndice".

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