El tripartito modifica el regadío de la Segarra para evitar la multa de la UE

La Generalitat sacó ayer a información pública una nueva ampliación de 1.597 hectáreas de las zonas de protección de aves esteparias en peligro de extinción, conocidas como ZEPA, en la zona regable del canal Segarra-Garrigues. Con esta última ampliación, la tercera en tres años, el Gobierno catalán pretende cumplir las directivas comunitarias ambientales y evitar una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de Luxemburgo por insuficiente protección.

Las 1.597 hectáreas que propone la Generalitat se sumarán a las 14.297 aprobadas en junio pasado y a las 26.256 en 2006. Ambas fueron consideradas insuficientes por la UE. El canal tenía que regar 70.150 hectáreas, pero las tres acotaciones han significado un recorte de 42.144 hectáreas, de manera que sólo se podrán regar sin ningún tipo de restricción en 28.000 hectáreas, el 40% de la superficie prevista. El tipo de actividad y de riego que se permitirá en las zonas protegidas se definirá en los futuros planes de uso que se han de elaborar para cada área protegida.

Las zonas por ampliar se encuentran en los municipios de Alfés, Aspa, Alcanó y Sarroca de Lleida, pero afecta también en menor superficie a Oliola, Agramunt y Preixens. Según la Generalitat, la nueva propuesta recoge la demanda de los organismos europeos "de conexión entre diferentes sectores de una misma ZEPA" y permite enlazar diversas zonas de protección con el fin "de mejorar la funcionalidad ecológica y reducir la fragmentación".

La Generalitat quiere que, una vez finalicen los 20 días de información pública, pueda aprobar la propuesta definitiva. La inauguración del primer tramo del canal, en julio pasado, airó a la Comisión Europea, que mandó un ultimátum de dos meses a España por sus reiterados incumplimientos en la protección de aves en el Segarra-Garrigues. Bruselas elaboró un segundo dictamen motivado y dio de plazo a los gobiernos español y catalán hasta el 22 de septiembre para paralizar las obras de regadío de forma preventiva, adoptar medidas compensatorias o minimizadoras en las áreas donde ya se haya regado, ampliar las zonas de protección de aves y elaborar un nuevo informe de impacto ambiental. En caso contrario, la sanción que propondría al Tribunal de Justicia de Luxemburgo sería millonaria.

El Gobierno catalán ha cargado el último cartucho y confía en que la última propuesta aplaque las iras de los responsables europeos del medio ambiente. "Queremos demostrar nuestra voluntad de cumplir los requerimientos de Bruselas. Esperamos que no nos lleve a los tribunales y quede cerrado el conflicto", aseguraron fuentes del Gobierno catalán.

El grupo parlamentario de CiU considera que las decisiones del tripartito cuestionan la viabilidad del proyecto, mientras que el sindicato Unió de Pagesos presentará alegaciones a esta nueva ampliación de las ZEPA.