El Nevada resiste un "huracán"

Las obras del centro comercial de Armilla (Granada) no corren el riesgo que su promotor, Tomás Olivo, alega para poder terminarlas. De ahí que el juez no autorice su finalización -están paralizadas desde octubre de 2006- ya que ni las chapas del techo son "alfombras voladoras" ni las rachas de viento que puede alcanzar la vega, donde está prácticamente levantado, se corresponden con un "huracán caribeño".

Así de metafórico ha respondido el juez instructor, Miguel Ángel del Arco, a Olivo, acusado de cohecho en el caso Malaya, quien "se excedió" en una autorización previa para acometer obras de "seguridad" en el citado centro que le fue concedida en 2006 y seis meses más tarde fue revocada. No son "imprescindibles" algunas de las cuestiones que plantea, como el cerramiento y la impermeabilización de la cubierta, y sí cree el juez idóneo autorizar los atornillados y soldaduras de uniones no terminadas.

Deberá también retirar todo elemento suelto que pueda suponer un riesgo. Y el Seprona vigilará que así sea, al menos hasta que se celebre el juicio oral por esta causa, en la que están acusados seis cargos del PSOE, cuatro técnicos y el promotor. No es que considere Del Arco que las obras estén en "situación de ruina", como esgrime el promotor, pero quiere garantizar la seguridad y estabilidad de la estructura en su estado actual.

El auto, del que informó ayer Ideal y contra el que cabe recurso, recrimina al promotor y a su empresa la "preocupación" por los vecinos que dice tener. Antes ya se autorizaron obras de seguridad y si no llevó a cabo lo que ahora plantea, y sí otras cuestiones como acristalamiento, es porque "no le importó anteriormente o es inexistente esa preocupación".

El juicio es "inminente", aunque algunas partes traten de "dilatarlo", y ya que la demolición "íntegra, completa y total" es la única salida que ve el fiscal para corregir el daño causado, el juez instructor descarta que pueda acabar ahora la obra del "leviatán de hormigón y cemento" y dar una "apariencia externa de normalidad" y le pregunta si no es "más fácil y económico" desmontar.

Del Arco considera un "exceso de imaginación" suponer que los materiales pesados y de volumen salgan "disparados como proyectiles horizontales y a larga distancia" cuando la lógica hace pensar que de producirse la caída será "vertical" y en la zona de protección vallada. Entre los acusados por este caso están el que fuera alcalde del municipio José Antonio Morales Cara y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate para quienes piden dos años de cárcel y 20 de inhabilitación por dos delitos contra la ordenación del territorio.