Salarios contra el medio ambiente

Era una de las industrias que más contaminaban la ría coruñesa de O Burgo, pero desde hace meses su actividad es casi nula: la multinacional Bunge Ibérica está decidida a cerrar su planta de Culleredo (A Coruña) dedicada a la producción de piensos agrícolas y aceites para conserveras. Y con ello dejar en la calle a unos 40 trabajadores, algunos con más de 30 años de experiencia en una fábrica situada en un sitio privilegiado, al pie de la ría ante la desembocadura del río Mero. La plantilla ha retomado las movilizaciones para intentar impedir la desaparición de una instalación con una actividad tan polémica como "rentable y viable", según aseguran los trabajadores.

Para primar sus plantas de Cartagena y Bilbao, Bunge Ibérica lleva desde principios de año intentando echar el cierre de la aceitera de Culleredo. Alega que son "razones empresariales", pero Trabajo rechazó el Expediente de Regulación de Empleo presentado la primavera pasada por considerar que no había causas para justificar el cierre.

Acto seguido, los empleados denunciaron otra de las "artimañas" de la empresa, consistente en dar "permisos retribuidos" a la plantilla, que sigue acudiendo a trabajar cada día aunque sin tener nada que hacer porque "no hay producción". Y ahora la Xunta se ha comprometido con los representantes sindicales a suspender durante seis meses el expediente de traslado colectivo con el que Bunge pretende llevarse a los empleados a otra de sus tres fábricas en España.

El Ayuntamiento, cuyo alcalde, el socialista Julio Sacristán, se reunió en abril con la dirección de la empresa, ha sido tajante al advertir de que "pondrá todas las trabas legales" para impedir un desarrollo urbanístico en los terrenos que ahora ocupa la aceitera. Hace un año, cuando la multinacional negociaba la posibilidad de trasladar su planta a un lugar ambientalmente más adecuado -como el futuro puerto exterior de A Coruña-, el alcalde prometía, por el contrario, facilidades para construir en esta zona de la ría que, de acuerdo con el plan de ordenación de Culleredo de 1983, que ahora está en revisión, es de uso residencial. "Cualquier proyecto urbanístico tendría en estos momentos muchas complicaciones para ser viable", señaló el alcalde, que recuerda que tanto la Ley del Litoral como la de servidumbre del río Mero recorta la posibilidad de promover viviendas, lo que requeriría además un costoso proceso para descontaminar los terrenos de la aceitera.

La empresa, que acumula varias denuncias y sanciones por contaminación, estaba tramitando, cuando anunció su intención de cierre, su autorización ambiental integrada y contaba con un permiso provisional de vertidos a la ría.