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Columna
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¿Otro 'plan Zapatero'?

Joan Subirats

Todo parece apuntar a que los carteles del Plan E que pueblan los más insospechados rincones de las ciudades y pueblos catalanes no van a dejar de acompañarnos el próximo año. Los 8.000 millones de euros del fondo (1.276 para municipios catalanes) han constituido una bocanada de dinero fresco para unos ayuntamientos que, a mitad de legislatura, no podían dedicar recursos a inversión, asfixiados como estaban y están por el gasto corriente. En pocos días, (re)aparecieron proyectos y planes que se habían descartado por falta de recursos. La prioridad del Gobierno español por responder al paro creciente y la menesterosidad municipal convirtió el improvisado plan zapateril en un maná inesperado.

En algunos casos el impacto social de las medidas del Plan E es ciertamemte discutible o como mínimo no es directo

Un año después, y con tiempo para dejar de improvisar, los 5.000 millones reincidentes que se anuncian deberían requerir un poco más de reflexión. Hablando de la ciudad de Barcelona y de los 282 millones de euros adjudicados, si de lo que se trata es de crear o conservar empleos, puede no parecerme mal que se inviertan, como se ha hecho, muchos miles de euros en urbanización de calles, en impermeabilizar 24 fuentes ornamentales, en arreglar la caseta del guarda del pantano de Vallvidrera o en colocar seis semáforos nuevos en Les Corts aprovechando la oportunidad inversora que proporciona el plan. Pero convendrán conmigo que parecen mucho mejor empleados los recursos en instalar, como también se ha hecho, nuevas escaleras mecánicas en Canyelles, Sant Josep de la Muntanya o Vall d'Hebron, en arreglar escuelas públicas o acelerar la construcción de escuelas infantiles (véase el detalle de los 303 proyectos financiados en la ciudad en http://www.bcn.cat/plan _e_inversio/es/welcome.html).

Todo genera empleo y evita peores impactos de la crisis, pero en algunos casos el impacto social de las medidas es ciertamemte discutible o como mínimo no es directo, y en otros casos, en cambio, impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

En esta nueva fase que se anuncia, se han concretado un poco más las acciones potencialmente susceptibles de ser financiadas por el nuevo plan del Gobierno español. Así, se habla de inversión en equipamientos sociales, en proyectos de eficiencia ambiental o en mejora tecnológica. Entiendo que en esta ocasión, sin las excusas de las prisas y con más tiempo por delante, los municipios podrían tratar de canalizar mejores demandas y proyectos. Y las diputaciones o las asociaciones municipalistas deberían asimismo colaborar con aquellos ayuntamientos, que en Cataluña son muchos, que no cuentan con las capacidades técnicas para poder presentar en poco tiempo propuestas bien fundamentadas y con capacidad de impacto social.

Tampoco deberían las asociaciones de vecinos, o las entidades del tercer sector de acción social, dejar pasar la ocasión para tratar de establecer sus prioridades y hacerlas llegar con toda la fuerza necesaria a los gobiernos locales, que en última instancia son los que deberán presentar la documentación pertinente. No deberían descartarse proyectos como los que ya se realizaron en Ciudad de México, con fuerte impacto social, como fueron los que apuntaban a la mejora de las condiciones de habitabilidad de las personas con menores niveles de renta, incorporando alternativas de mayor eficiencia energética en sus instalaciones básicas. Ello podría ir acompañado de informes técnicos de jóvenes arquitectos o aparejadores, e implicar a la industria local especializada en la cuestión.

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Lo mismo podría pensarse para aumentar los incentivos ya existentes para la instalación de ascensores en barrios con altos índices de envejecimiento, lo que aumenta enormemente la autonomía de las personas y genera efectos evidentes en industrias y servicios. Frente al necesario nuevo plan de inversión estatal que han de canalizar los municipios, estamos a tiempo de poder combinar mejor que hasta ahora la cobertura de necesidades sociales, la participación social y los necesarios impactos positivos en el empleo.

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