Euskadi ensaya la cohabitación institucional

Si el PNV quiere incomodar al Gobierno a través de las diputaciones, tiene su mejor oportunidad en la reunión ordinaria de octubre del Consejo Vasco de Finanzas. Al menos así lo entiende un ex diputado de Hacienda. Aunque la mecánica de reparto de la recaudación fiscal está prevista en la Ley de Aportaciones vigente, el consejo de octubre fija las previsiones de recaudación del año siguiente y establece el montante que en seis pagos deben entregar las haciendas forales a la autonómica durante el curso siguiente. Si las diputaciones deciden votar en contra del Gobierno y hay un empate a tres votos, se produciría un vacío jurídico bastante incómodo.

El Gobierno debe realizar sus presupuestos sobre estas previsiones y lo mismo las diputaciones. Cada uno debería llevar sus respectivas cuentas a su legislativos sin una estimación de ingresos aprobada. Las diputaciones son las que cuentan con los recursos y podrían retener los pagos si estos no se han determinado o aprobado. Pese a que la situación sería más incómoda para el Gobierno, tampoco es confortable para las diputaciones. También dejaría en un situación difícil a los municipios que no sabrían con qué ingresos forales cuentan para el años siguiente.

El Órgano de Coordinación Tributaria es otra de esas instituciones de cooperación interinstitucional desconocidas por el gran público. En sus seno se pactan las reformas fiscales y su objetivo es el de armonizar los impuestos entre los tres territorios. Prepara informes y propone, pero luego son las Juntas Generales de cada territorio las que aprueban o no las medidas. Los últimos dos años han visto una desarmonización fiscal en el tipo del Impuesto de Sociedades en Guipúzcoa sin que pasara nada. El riesgo que se corre es que las diputaciones prescindan del Gobierno a la hora de aplicar la política fiscal, un instrumento de política económica que en Euskadi no corresponde al Ejecutivo. El PNV puede querer impulsar su propia política fiscal, pero chocaría con problemas de aprobación en las Juntas Generales, sobre todo en las de Álava y Guipúzcoa. Al Gobierno le quedaría el recurso a la Ley de Armonización, que nunca ha sido utilizada y que los expertos consideran de aplicación imposible.

Las diferencias en el CVF no afectarían en nada al Cupo que se paga al Estado. Este se rige por los criterios de la quinquenal Ley del Cupo, independientemente de lo que recaude o de los conflictos internos

La LTH prevé que diputaciones y Gobierno puedan llevar al Consejo Vasco de Finanzas las cuestiones financieras y económicas que consideren pertinentes. Esta puerta ha impulsado los llamados planes interinstitucionales. El pacto para la Ley de Aportaciones trajo consigo la puesta en marcha de un paquete de estas iniciativas interinstitucionales, financiadas sobre todo por el Gobierno: el Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Productiva, dotado con 700 millones de euros, 140 más que en el anterior quinquenio; el Fondo para el Desarrollo de las Infraestructuras Sanitarias y Servicios Sociales, con un total de 400 millones, y el Fondo para el Desarrollo de Actividades de Innovación, con 200 millones.

Hay coincidencia general en que estos planes o cualquier otro que quiera impulsar el Gobierno pueden ser vetados por las diputaciones. Tradicionalmente ha sido el Ejecutivo el que ha rentabilizado socialmente estos proyectos, que en los últimos meses se han vendido como un recurso para paliar los efectos de la crisis. El nuevo Ejecutivo socialista se puede encontrar así sin colaboración de las diputaciones para abordar proyectos de inversión conjuntos anticrisis.

A Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la UPV, no le gustan hacer política ficción. Sin embargo, ve poco probable que se produzca un gran conflicto entre diputaciones y Gobierno en el seno del Consejo Vasco de Finanzas porque su principal tarea es fijar las aportaciones y la actual ley, que prevé en su disposición final por vez primera la posibilidad de ser prorrogada, está en vigor para el quinquenio 2007-2011. Es en esta norma donde se fijan los criterios que debe aplicar el Consejo a la hora de repartir sus fondos. La aprobación de la nueva ley no se plantearía hasta el tercer año de la legislatura y la posibilidad de que se prorrogue automáticamente en caso de que no haya acuerdo reduce la presión sobre el Gobierno. La Ley de Aportaciones, que se aprueba por el Parlamento en lectura única y con un único artículo que recoge el pacto previo en el seno del Consejo, fija la cantidad que del total de lo recaudado deben aportar las diputaciones al Gobierno, el llamado coeficiente vertical que ahora es el 70,04%. También establece el criterio para abordar el reparto entre las diputaciones (los coeficientes horizontales) en función del PIB de cada territorio y garantiza los ingresos muncipales.

- Determinar la distribución de los recursos tributarios recaudados y las aportaciones de los territorios históricos a los presupuestos del Gobierno.

- El estudio y formulación de propuestas al Gobierno y a las Diputaciones sobre cualquier materia relacionada con la actividad económica, financiera y presupuestaria que precise de una actuación coordinada.